El 11 de febrero, la senadora del PAN, Lilly Téllez, presentó un punto de acuerdo para pedir dicha comparecencia.
“Estos hechos generan una evidente preocupación sobre un posible conflicto de interés y tráfico de influencias, considerando la relación entre la presidente del INE y el gobernador de Sonora, quien también es presidente del Consejo Nacional de Morena, el partido en el poder”, expuso la legisladora panista en su argumentación.
En la sesión de este miércoles en la Comisión Anticorrupción, que preside el emecista Daniel Barreda, la senadora de Morena, Celeste Ascencio, pidió la votación en bloque de este asunto junto con otros que se discutieron. En la votación, la mayoría de senadores de Morena, PT y PVEM votaron en contra de los mismos.
El 15 de julio de 2022, el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI), entonces presidido por Guadalupe Taddei, suscribió un contrato anual por un monto de 1.2 millones de pesos con Inmobiliaria Alta Sierra.
Dicha empresa tuvo a Alfonso Durazo como administrador y como accionistas a su esposa e hijos, como lo publicó Latinus el 5 de febrero de este año.
El contrato fue para cambiar las oficinas del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales al primer piso del edificio ubicado en el bulevar Luis Encinas 258, inmueble propiedad de Inmobiliaria Alta Sierra, una empresa que durante años le sirvió para ocultar la posesión de al menos nueve bienes en México y Estados Unidos, como también lo reveló Latinus en un reportaje publicado en 2021.
Con información de LATINUS
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