• Los imputados son un grupo del Partido del Trabajo, realizan una campaña mediática de desprestigio y de violencia política mediante mensajes ante los medios de comunicación, eventos en las jornadas de la paz o redes sociales para denigrar y dañar la reputación de la alcaldesa
Tijuana, Baja California., a 23 de Noviembre del 2023.- A través de su asesor jurídico, la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez denunció a Jaime Bonilla Valdez ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Baja California (FEPADE).
La querella de hechos que pudieran ser constitutivos del delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, no solo involucra al ex gobernador del Estado, sino a cinco personas más que en su mayoría estuvieron en el gabinete del ex mandatario estatal o fueron funcionarios municipales.
Con base en el documento presentado el miércoles 21 de noviembre en la oficina del Fiscal Especializado, adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, confirma que la alcaldesa realizó la demanda como mexicana, mayor de edad, por su propio derecho, en pleno goce, uso y disfrute de sus garantías individuales.
De acuerdo a la imputación, los hechos denunciados consisten en la realización de violencia política contra la mujer en razón de género, violencia simbólica, calumnias y violencia mediática que consta en diversos videos y publicaciones en redes sociales, acciones repetitivas y públicas que consisten en desacreditaciones, calumnias, descalificaciones e invisibilización del trabajo de la Presidenta Municipal de Tijuana, basadas en estereotipos de género, que buscan menoscabar y perjudicar su imagen pública ante la ciudadanía.
La denuncia se presentó además, por sus derechos políticos electorales y en calidad de presidenta municipal del XXlV Ayuntamiento de Tijuana, con fundamento en los artículos 3 fracción l, 86, 109 fracciones lll y XV, 110 y 212 del Código Nacional de Procediditos Penales en Vigor.
El imputado no solo es el actual Senador por el PT, Jaime “B”; también involucra a Sergio “M” y Marco Antonio “B”, diputados de la XXlV Legislatura de Baja California; Vicenta “E”, ex secretaria de la Honestidad y la Función Pública en el gobierno de Jaime Bonilla.
De igual manera, la demanda involucra a Odilar “M” del programa de tv y radio de análisis político, económico y social “Odylar por la mañana” en PSN, propiedad del Senador; María del Carmen “E”, ex Síndica Procuradora en la administración del ex alcalde Arturo González y quien resulte responsable.
Los imputados son un grupo político del Partido del Trabajo, quienes realizan una campaña mediática de desprestigio y de violencia política mediante mensajes ante los medios de comunicación, eventos en las jornadas de la paz, redes sociales, edificios públicos, disfrazadas de críticas y de notas periodísticas, con el objeto de descreditar, denigrar y dañar la reputación de la alcaldesa, se lee en el oficio.
En el escrito se agrega que se quiere poner en duda o en entredicho las capacidades o habilidades de Montserrat Caballero para la política y para gobernar, con la clara intención de limitar y nulificar sus derechos políticos electorales para incidir negativamente en contra de ella en el proceso interno de selección de candidaturas de morena para la Presidencia Municipal de Tijuana.
La primera edil solicitó tutela preventiva y de no repetición, consistentes en requerir a todos y cada uno de los denunciados y/o a quien resulte responsable cumplir con los principios de legalidad, igualdad y no discriminación, y se abstengan de realizar señalamientos misóginos, y en lo futuro, violencia política contra la mujer en razón de género.
Entre las medidas cautelares, también pidió al Juez, ordenar a todos y cada uno de los denunciados se abstengan de realizar una campaña mediática ante los medios de comunicación que limita y nulifica los derechos políticos electorales que inciden negativamente en el proceso interno de selección de candidaturas de morena y se decrete el retiro de las publicaciones y video en redes sociales, con las cuales se ejerce violencia política contra la mujer a razón de género.
