La mortalidad materna por atención obstétrica sigue siendo un problema grave en el país con 850 decesos anuales, es decir dos diarios, reveló el académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, de la UNAM, Juan Carlos Pérez López. De 2016 a 2021 murieron en México cinco mil 99 mujeres por causas relacionadas con la atención obstétrica; es decir, cerca de 850 al año, aproximadamente dos por día, afirmó.
Estas cifras –del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Grupo de Información en Reproducción Elegida– muestran que la mortalidad materna sigue siendo un problema grave en nuestro país, pero también representa uno de los peores escenarios a nivel social, porque la ausencia de la mamá condiciona la ruptura del núcleo familiar, agregó el especialista universitario.
Cuando se pierde a una madre, las condiciones de desarrollo de los niños, de la pareja, se fracturan pues propicia circunstancias difíciles, de abandono escolar, disolución de la familia, de integración a la vida laboral a menor edad. Es un indicador de un mal progreso social, insistió.
Junto a la muerte materna están otros retos igual de importantes: combatir la violencia obstétrica y fortalecer el desarrollo del parto humanizado.
La atención a estas problemáticas forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, ya que se relacionan con estrategias y políticas de salud dirigidas a promover el nacimiento de niños sanos y la atención adecuada de las mujeres durante el proceso reproductivo.
“Son indicadores de desarrollo que nos dicen qué tan bien o mal nos encontramos como nación, es una buena radiografía para saber cómo estamos en materia de desigualdad, de acceso a la salud”, consideró el coordinador del área de Enfermería de la FES Zaragoza.
En nuestro país, lamentablemente las mujeres de las comunidades indígenas y de entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las más vulnerables a estas problemáticas obstétricas, quienes padecen violencia en mayor proporción y no acceden a unidades de salud que cuenten con personal capacitado y el material necesario para su atención.
Violación a los derechos humanos
La violencia obstétrica, señaló el experto universitario, es el trato deshumanizado que reciben durante la atención obstétrica; esto incluye el proceso de gestación, parto y puerperio.
Tiene que ver con una atención irrespetuosa, en la que se le fuerza a tomar determinadas decisiones y no se respetan sus derechos reproductivos. “Por ejemplo, en el momento del nacimiento se usan medicamentos para acelerar el trabajo de parto y no se respeta su evolución propia y natural”, detalló.
En el posparto se relaciona con la colocación de dispositivos anticonceptivos, sin su consentimiento; o peor aún, con su esterilización.
En contraparte se encuentra el parto humanizado, que consiste en crear un entorno amigable a este proceso, en el que la madre y su bebé son atendidos en espacios dignos y limpios, con los recursos necesarios, y que no se les medique o realicen procedimientos invasivos innecesarios.
Pérez López, también maestro en Ciencias, comentó que al establecerse los Objetivos del Milenio se planteó que, como parte del mejoramiento a la salud materna, se practicaran menos cesáreas, aproximadamente 15 por ciento de estos procedimientos por cada 100 mil nacidos vivos. Esta meta se retomó en los ODS.
“Inicialmente teníamos indicadores de hasta el 50 por ciento de los nacimientos por vía cesárea, se redujo e incluso llegó a mantenerse en un 25 por ciento. La expectativa era llegar al 22 por ciento en el año 2020. Sin embargo, por la emergencia sanitaria por COVID-19 hubo una alteración en las cifras y actualmente nos encontramos entre el 20 y 22 por ciento del total de los nacimientos. Estamos todavía lejos de alcanzar el 15 por ciento”, aseveró.
Pérez López destacó que el parto natural fortalece el vínculo entre la madre y su hijo y el apego inmediato, mientras que una cesárea tiende a separarlos.
El académico de la UNAM refirió que la mayor práctica de cesáreas se presenta en instituciones privadas de salud, donde no hay mayor control sobre ellas. “Estamos plenamente seguros que en el medio público no se practica, a menos que esté indicado”.
Y añadió: implica cirugía mayor, es un procedimiento invasivo que requiere vigilancia de varios especialistas, del proceso de anestesia y los riesgos inherentes a ello.
“También condiciona la recuperación del organismo materno, pues se expone a infecciones del sitio quirúrgico, asociadas con el procedimiento, y desde luego prolonga la hospitalización y los costos de atención. Además, el tiempo de recuperación se alarga, así como las condiciones en las que se puede llevar a cabo un nuevo embarazo. Tras una cesárea no puede haber un embarazo en un periodo menor a dos años, pues puede haber complicaciones de fijación de la placenta”, alertó.
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