Ante el clima de inseguridad en el país, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aceptaron la posibilidad de llegar al punto de anular una elección frente a la intervención del crimen organizado, siempre y cuando cumpla con los criterios constitucionales que señalen una violencia generalizada, que tenga un gran impacto y genere determinancia en el resultado.
En un encuentro con los medios de comunicación, los magistrados Mónica Soto (presidenta), Felipe Fuentes y Felipe de la Mata reconocieron que el problema en materia de seguridad es una preocupación para todos los actores, tanto políticos como autoridades, así como para los ciudadanos.
Ante los cuestionamientos sobre el impacto del crimen organizado en los comicios en curso, los magistrados admitieron los riesgos que representa, pero señalaron que para alcanzar la nulidad electoral por su intervención, se tiene que comprobar su impacto.
“El Tribunal Electoral tiene sentencias muy claras en donde se anula toda una elección en la que se comprueba que no cumplió con, digamos, la calidad que tiene que tener cada elección, y así lo hemos hecho en un sinnúmero de casos en donde se han anulado elecciones, casillas.
“Ahorita, por ejemplo, creo que, en Michoacán, es un caso de un precedente cercano en donde hubo nulidad de casillas, porque se comprobó que hubo ahí intervención del crimen organizado. Y esas nulidades de casillas, en donde se comprobó que hubo una situación anómala, se anularon. Lo cual no llevó a la anulación general de la elección o de todas las elecciones; ¿por qué? Porque fueron focalizados, incluso, los casos que llegaron aquí”, explicó la magistrada presidenta.
“Ante la pregunta de si se puede anular una elección por eventos relacionados con el crimen organizado, la respuesta es: sin duda. El marco normativo, particularmente la ley adjetiva correspondiente, establece supuestos en los cuales se puede anular una elección, ya sea por violación a los principios generales de la elección o por violencia generalizada. Pero yo quiero hacer notar que si llegamos al momento en el cual tenemos una elección con estos elementos, hemos fracasado como organización electoral”, coincidió el magistrado Felipe de la Mata.
El magistrado Felipe Fuentes puntualizó que la nulidad requeriría comprobar que hubo violencia generalizada: “Anular elecciones por crimen organizado, ya lo señaló el magistrado De la Mata Pizaña, sí es posible, cumpliendo con los requisitos constitucionales y legales. Siempre que la violencia generalizada, como lo dije hace unos momentos, tenga un gran impacto, tenga determinancia en relación con el resultado de la elección”.
Respecto a si era suficiente el protocolo de seguridad anunciado por el Instituto Nacional Electoral (INE), los magistrados evitaron hacer algún comentario, pero reconocieron el esfuerzo por parte de la autoridad electoral.
Particularmente, De la Mata rechazó que él sienta la necesidad de que también deban incorporarlo en ese protocolo, pero estimó que a nivel estatal “habría que preguntarle eso a los magistrados locales y a los consejeros locales, entendiendo que, además, no solamente son los consejeros locales, digamos, los estatales, que están en la capital de cada uno de los estados, sino también en los distritos y en los municipios”.
Mónica Soto descartó que ella pueda asumir la representación de los magistrados de todo el país para solicitar medidas de seguridad y dijo que hasta el momento no tiene conocimiento de que algún magistrado aspire a solicitarlas.
Ante la propuesta de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los tres magistrados se manifestaron en favor de participar posteriormente en el diálogo o debate sobre el tema.
Sin embargo, el magistrado Felipe de la Mata adelantó que la historia nacional demuestra que las reformas electorales más exitosas fueron las de 1977 y 1996, por lo que consideró que se debe repetir el esquema de no hacer modificaciones en este rubro al final de un sexenio y que también requieren el consenso de todos los partidos.