MAZATLÁN, SIN.– Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezaba una reunión de seguridad en el puerto de Mazatlán para presumir una baja en los índices delictivos, la realidad de la violencia alcanzó a quienes buscan justicia. Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del colectivo Corazones por una misma Causa, fue hallada sin vida en su domicilio, en un acto que activistas califican como un mensaje directo de la delincuencia organizada al Gobierno Federal.
Un hallazgo entre contradicciones
El cuerpo de Rubí Patricia fue localizado en una vivienda del fraccionamiento Infonavit Jabalíes. La víctima buscaba a su hijo, Edgar Daniel Gómez Tagle, desaparecido el 29 de mayo de 2025 en el contexto de la pugna armada que azota a Sinaloa.
El asesinato ocurrió de manera simultánea a la conferencia matutina presidencial en la III Región Militar. En dicho evento, la Presidenta, acompañada por el gobernador Rubén Rocha Moya y su Gabinete de Seguridad, sostenía que la estrategia de seguridad estaba dando resultados con la detención de presuntos delincuentes y la reducción de homicidios.

‘Una cachetada al Estado’
Para María Isabel Cruz Bernal, líder del colectivo Sabuesos Guerreras, el crimen no es una coincidencia, sino un desafío abierto a las autoridades federales.
“Creo que es como si le estuvieran dando una cachetada [a la presidenta] y decirle ‘no hay miedo, aquí los que mandamos somos nosotros’. Buscar nos lleva a la muerte, no hay más”, sentenció Cruz Bernal.
La activista destacó que la ejecución de Rubí Patricia se dio justo el día en que ella debía unirse a una jornada de prospección en la comunidad de El Verde, municipio de La Concordia, zona considerada actualmente un «búnker» de la delincuencia donde la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha localizado recientemente fosas clandestinas y cuerpos de mineros desaparecidos.

La Brigada Estatal de Búsqueda de Sinaloa lamentó que hayan sido las propias compañeras de Rubí quienes descubrieran la escena del crimen. A través de un comunicado, señalaron la «máxima contradicción» de este feminicidio, ocurrido en el punto más alto de vigilancia estatal por la visita presidencial.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenidos por este ataque, el cual se suma a la lista de agresiones contra familiares de personas desaparecidas que, ante la inacción institucional, asumen las labores de investigación en zonas de alto riesgo.

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