El secuestro de niñas, niños y adolescentes en México es una realidad alarmante que ha estado en constante aumento, generando preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Las cifras revelan una tendencia que debe abordarse de manera urgente, especialmente cuando se considera el bienestar y la seguridad de la juventud mexicana.
De acuerdo con datos proporcionados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hasta agosto de 2023, se han reportado 52 casos de secuestros de menores en el país. Estas cifras son inquietantes, ya que representan un aumento significativo en comparación con años anteriores de acuerdo a la Red de la infancia REDIM.
Pese a estas obligaciones del Estado mexicano, en México, más delitos contra personas de 0 a 17 años se han reportado de enero a agosto de 2023 que durante los mismos meses de 2022, de acuerdo a las cifras de incidencia delictiva del fuero común del SESNSP (25,216 y 21,847 respectivamente).
En particular, estos son los cuatro delitos contra niñas, niños y adolescentes que han incrementado en el país entre 2022 y 2023 (cifras de enero a agosto de cada año):
Extorsión (de 189 a 197, un incremento de 4.2%)
Lesiones (de 11,383 a 13,330: un incremento de 17.1%)
Secuestro (de 35 a 52: un incremento de 48.6%)
Tráfico de “menores” (de 3 a 4).
Lo que es aún más preocupante es el papel que juega el estado de Veracruz en esta alarmante estadística.
Veracruz ocupa actualmente el segundo lugar en secuestros de niñas, niños y adolescentes en el país, solo detrás del Estado de México. Esta situación es motivo de gran inquietud, ya que evidencia un problema de seguridad que requiere una atención inmediata y estratégica por parte de las autoridades estatales y federales, señala REDIM.
Históricamente, Veracruz ha estado entre los estados más afectados por el secuestro de menores en el país. Desde 2015 hasta agosto de 2023, este estado ha reportado un 12.5% de los casos de secuestro de niñas, niños y adolescentes en México. Esta cifra lo coloca en el segundo lugar en la lista de estados con más incidentes de este tipo, solo superado por el Estado de México, que lidera esta preocupante estadística.
El secuestro de menores representa una amenaza grave para la seguridad y el bienestar de la juventud mexicana. Cada caso no solo afecta a los menores involucrados, sino que también tiene un impacto profundo en sus familias y comunidades. Es fundamental que las autoridades tomen medidas efectivas para prevenir y abordar esta problemática de manera decidida.
El Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos, como la Convención de los Derechos del Niño. Esta convención establece claramente que se deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir “el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”.
Además, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades deben colaborar en la localización de menores que hayan sido sustraídos, trasladados o retenidos ilegalmente.
A pesar de estos compromisos y obligaciones legales, la realidad en el terreno muestra un aumento preocupante en los secuestros de menores. Entre enero y agosto de 2022, se reportaron 35 casos de secuestros de niñas, niños y adolescentes en México. Sin embargo, en el mismo período de 2023, esta cifra se elevó a 52. Este aumento del 49% en los secuestros de menores es una señal de alarma que debe abordarse de manera inmediata y efectiva.
Es importante destacar que el secuestro de menores afecta de manera desproporcionada a los hombres, representando el 64.4% de los casos reportados, en comparación con el 35.6% que involucra a mujeres menores de edad. Esta diferencia en la afectación de género también debe ser objeto de atención y acciones específicas por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto.
Además, es fundamental que se preste atención a la calidad de los secuestros que involucran a menores. Del total de secuestros registrados entre enero de 2015 y agosto de 2023, el 83% correspondió a secuestros extorsivos, el 7.4% fueron secuestros con calidad de rehén, el 3.7% fueron secuestros exprés y el 3.1% se llevaron a cabo con la intención de causar daño.
A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades federales y estatales para combatir el secuestro en México, el aumento en el secuestro de niñas, niños y adolescentes es un recordatorio de que se requieren estrategias específicas para proteger a este grupo vulnerable de la población. La seguridad y el bienestar de la juventud mexicana deben ser una prioridad absoluta, y las acciones deben ser coherentes con los compromisos internacionales y las leyes nacionales que protegen sus derechos.
El secuestro de menores es una violación grave de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y es responsabilidad de las autoridades y la sociedad en su conjunto trabajar juntos para erradicar este flagelo y garantizar un entorno seguro y protegido para la juventud mexicana. La prevención, la atención a las víctimas y la persecución de los responsables deben ser parte integral de una estrategia eficaz para abordar esta problemática.
En medio de esta preocupante situación, es esencial que la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad en general se unan para exigir la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en México.
El secuestro de menores es una violación flagrante de estos derechos, y es responsabilidad de todos trabajar juntos para garantizar un entorno seguro y protegido para los niños y adolescentes en el país. El compromiso con la protección de la juventud mexicana es una tarea urgente y esencial que debe abordarse con determinación y eficacia.
Fuente: Blog de REDIM
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