Frente a una reforma electoral que propone disminuir el gasto en este sector, según declaraciones de integrantes del Poder Ejecutivo, casi mil trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), se anotaron en el programa de retiro voluntario que ofrece, además de la liquidación estipulada por la ley y sus normas internas, un pago adicional.
El cúmulo de expedientes a revisar asciende hasta el momento a 970, número que “superó la expectativa”, señalaron funcionarios del INE, de ahí que se debió ampliar el plazo del proceso, a fin de revisar las solicitudes tanto del personal de la rama administrativa (707 anotados) como del Servicio Profesional Electoral Nacional (263), de una nómina general de poco más de 18 mil plazas en todo el país.
“Es necesario darle viabilidad (a la dirección de Administración) ya que lo esperado supera la expectativa; es un esfuerzo muy amplio el que tendrá que hacerse, mucho mayor al que esperábamos”, dijo la Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino.
Para el pago del estímulo se fijó una bolsa general de 100 millones de pesos, aunque quien tenga más tiempo en el órgano tendrá prioridad; lo mínimo para entrar al plan son 10 años de antigüedad.
El beneficio está integrado por tres meses de percepciones brutas, más 20 días por año de servicio.
“El programa estará sujeto a un techo financiero de 100 millones de pesos para el pago de compensación por término de la relación laboral, mismo que se asignará en primer término a aquellas personas que tengan más antigüedad en el instituto, sin importar el número de registro consecutivo de inscripción que se haya asignado, hasta agotarse dicho techo”, se indica en la propuesta de modificación de fechas aprobada por la Junta General Ejecutiva.
En el documento se indica que el programa tiene como propósito dar “un beneficio económico, así como promover la renovación y modernización de la estructura del instituto”.
El año en curso el INE tiene un presupuesto de alrededor de 20 mil millones de pesos (aquí no se incluye el financiamiento público a partidos o recursos específicos para elecciones o consultas ciudadanas). Para el año entrante la petición asciende a 15 mil 100 millones como presupuesto base (cuya médula se va en el pago de servicios personales o sueldos) y proyectos ordinarios; pidió también en este paquete 3 mil 119 millones como presupuesto precautorio por si se realiza una consulta popular; además, irán 7 mil 737 como prerrogativas a los partidos políticos.
Con información de La Jornada
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