CIUDAD DE MÉXICO – La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, se encuentra en el centro de una controversia tras proponer, a modo de ejemplo, un boicot contra las empresas de Ricardo Salinas Pliego, específicamente Totalplay. Las declaraciones, realizadas en un recinto oficial, han provocado acusaciones de autoritarismo y uso indebido de recursos públicos.
El origen: «Hay futuro y es de izquierda»
Durante el conversatorio celebrado el pasado 18 de diciembre en el Congreso de la Ciudad de México, la secretaria participó en un panel sobre el activismo de la «Generación Z». Al abordar cómo los ciudadanos pueden organizarse frente a lo que consideran injusticias —citando como ejemplo el conflicto en Palestina—, Hernández dirigió su atención al dueño de Grupo Salinas.
«Pensemos en Salinas Pliego… si todos iniciamos un boicot (…) iniciando por los propios gobiernos de Morena que no tenga nadie un contrato con Totalplay, por ejemplo», expresó la funcionaria, enfatizando la necesidad de «movilizarse y organizarse».
Una funcionaría del gobierno (Citlali Hernández) pide boicotear empresas mexicanas, porque no le gustan las opiniones de su dueño, y pide ese linchamiento en EL CONGRESO. Esa es una persecución politica, es censura y es represión. Eso es de DICTADURAS👇
La propuesta no tardó en generar críticas en redes sociales y medios de comunicación. La periodista Laura Brugés señaló que el hecho de que una funcionaria de alto nivel utilice un espacio legislativo para promover el boicot contra un actor privado por razones ideológicas «suena a advertencia autoritaria».
Críticos del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum argumentan que este tipo de declaraciones vulneran la certeza jurídica de las empresas y utilizan la investidura pública para presionar a opositores o empresarios críticos.
La defensa: «Hablé como militante, no como secretaria»
Ante la ola de críticas, Citlalli Hernández utilizó sus redes sociales para aclarar su postura, negando haber lanzado un «llamado institucional» al boicot. Según la funcionaria, sus palabras fueron sacadas de contexto, pues se trataba de un diálogo sobre estrategias de militancia.
Postura institucional: Aseguró que no habló desde su cargo como secretaria.
Activismo de consumo: Reiteró que si la ciudadanía considera que un empresario debe pagar sus impuestos (en alusión a los 51 mil mdp que el gobierno reclama a Salinas Pliego), el consumo responsable es una herramienta legítima.
Deslinde: «Es importante no desinformar. Hablamos de las diversas formas de hacer activismo frente a lo que nos indigna», puntualizó.
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