Tijuana, Baja California.- El Colectivo Yo Sí Soy Periodista considera inaceptable que autoridades de la 4T en Baja California, en específico las de la administración que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmedo, hagan uso de la intimidación judicial contra la periodista Dianeth Pérez Arreola, a quien pretenden obligar a revelar sus fuentes por una pregunta realizada en la conferencia matutina de la mandataria estatal, y que además no fue respondida.
El viernes 15 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) envió a la periodista Dianeth Pérez un correo electrónico con una invitación para coadyuvar en el caso motivado de un oficio emitido el 7 de agosto por el Secretario General de Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez relativo a una pregunta que le hizo el pasado 6 de agosto.
La pregunta fue en el sentido a la doble licitación que hubo para el caso de las obras en la planta potabilizadora «La Nopalera» en Tecate, Baja California, los cuestionamientos buscaban respuesta sobre «el nombre de la empresa ganadora, que se hace con dinero del bono verde, y qué hay de cierto sobre presuntos nexos de esa constructora con el crimen organizado».
«Tras la pregunta, ni el Secretario del Agua, Victor Amador, ni la gobernadora Marina del Pilar supieron decirme el nombre de la empresa ganadora, ni el porqué se hizo una doble licitación», explica la periodista a través del portal informativo que dirige.
La postura del Colectivo Yo Sí Soy Periodista es la siguiente:
Los Periodistas en Baja California no vamos a permitir que se siente un precedente de este tipo sin oponer resistencia. El Derecho a la reserva de las fuentes está protegido en el Artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la Libertad de Expresión, y en el Artículo 7mo. de la Ley de Imprenta, donde se establece que «los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes de información».
Aquí en Baja California vamos a hacer respetar la Libertad de Expresión y el libre ejercicio del periodismo, más aún cuando se trata de defender el derecho a preguntar en una conferencia a la que somos convocados para cuestionar libremente.
Los gobernantes en Baja California están obligados a rendir cuentas de sus actos, aunque les incomode. Por eso exigimos que s transparente el proceso de licitación de la planta potabilizadora de Tecate, tema sobre el que se pretendió silenciar una legítima pregunta.
A la Fiscalía General de la República le demandamos que no se preste a la intimidación judicial contra periodistas y respete el principio legal que garantiza la confidencialidad de las fuentes de un comunicador. Este Derecho está reconocido también por estándares internacionales como el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Opinión Consultiva 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconocen la reserva de las fuentes como una garantía indispensable para la libertad de prensa.
Resulta Inadmisible que la FGR actúe contra periodistas cuando mantienen sin investigar ni sancionar múltiples denuncias por delitos contra la libertad de expresión presentadas por nuestro gremio.
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