Fernando Irala
En un país que suma ciento sesenta mil asesinatos y cuarenta mil personas desaparecidas en menos de un lustro, la desaparición y muy probable muerte de un grupo de jóvenes en Lagos de Moreno ha causado una conmoción social.
El caso ha generado la indignación generalizada por la brutalidad de las imágenes dadas a conocer, por la juventud de los secuestrados, y porque la sociedad está llegando a un punto de hartazgo al que debimos arribar hace mucho tiempo.
Hace unos meses, un episodio muy similar tuvo lugar también en Jalisco, cuando desaparecieron y luego fueron encontrados muertos siete jóvenes que trabajaban en un “call center”. Y cinco años antes, tres muchachos estudiantes de cine habían corrido la misma suerte, de secuestro y muerte, igualmente en territorio jalisciense.
Pero, como mencionábamos al principio, la ola criminal baña en mayor o menor medida todo el país. Sólo Yucatán, y en menor medida Campeche, la ciudad de México y otros puntos aisaldos del territorio nacional se medio salvan de ese fenómeno tan alucinante como destructivo.
Entretanto, el gobierno presume de que la criminalidad va a la baja, aunque en las calles, caminos y comunidades el sentimiento de inseguridad persiste y se acentúa.
La estrategia de abrazos y no balazos desde el principio sonó como una caricatura trágica, pero a medida que pasa el tiempo resulta una necedad imperdonable.
Junto a la barbarie vuelta costumbre, la impunidad protege a los criminales y les da impulso para extender su dominio, ampliar sus negocios delictivos e incluso incursionar en la política.
Frente a ello, el gobierno se ha vuelto sordo y ciego. Negligente lo es desde hace años.
Y es que el tema parece no importar. Lo único relevante para el grupo en el poder es la sucesión, y la manera de conservar su hegemonía, así sea sobre pilas de cadáveres.
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