A la empresa CAMSA, una filial del Grupo Tank, que se anuncia como “seguridad privada profesional”, se la atribuye el peso de la responsabilidad en la tragedia en la cual 39 migrantes murieron en un incendio en Ciudad Juárez, pues su personal estaba de guardia el lunes 27, cuando se suscitó el siniestro en el centro de retención migratoria, por lo que ahora cinco de sus empleados han sido señalados por los hechos, y dos de ellos acusados de homicidio doloso y lesiones.
Lo anterior llevará a la compañía a perder su registro para continuar laborando, a pesar de tener contratos mediante adjudicación directa por más de 165 millones de pesos con dependencias gubernamentales en 23 estados.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que la empresa fue registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada desde el 3 de septiembre del 2020 y además operaba con irregularidades.
“Ya se tienen identificados a los socios David Vicente Salazar Gasca y George McPhail, así como a representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes”, advirtió la funcionaria, tras asegurar que la empresa sólo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes, pero el contrato que firmó con el Instituto Nacional de Migración (INM) señala que habría 503 elementos para cuidar las instalaciones en 23 entidades del país.
Grupo de Seguridad Privada CAMSA, S.A. de C.V., tenía una autorización, vigente al 24 de febrero del 2024, bajo la modalidad de seguridad privada en todo el territorio nacional, pero no contaba con permiso de portación de armas. Cada mes, la compañía estaba obligada a presentar un informe sobre las actividades de su personal, pero en ningún momento declaró que hubiera rotación, altas o bajas.
Ante estas irregularidades, la secretaria de Seguridad solicitó que se revoque el permiso para laborar.
“Por lo tanto, y paralelamente al proceso penal que lleva la propia Fiscalía General de la República sobre la probable responsabilidad de la empresa, informar que dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica”, señaló la titular de la SSPC, quien sin embargo no pudo especificar si se tomarán acciones penales contra los dueños de la compañía.
En octubre del 2020, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se fortalecería al Servicio de Protección Federal y firmó un acuerdo con todas las dependencias gubernamentales para que dejen de contratar a compañías privadas.
“Ahora tratamos en la mañana lo de tener ya un órgano para dar seguridad a las oficinas federales, una policía federal, sólo para dar servicio de vigilancia a oficinas del Gobierno, porque se tenían contratos de 50 mil elementos de policías particulares, privadas”, señaló el Presidente en esa ocasión.
Sin embargo, su instrucción no fue atendida por el INM. De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a la empresa CAMSA, en el 2022, le fue otorgado un contrato, de manera directa, por un monto de 165 millones de pesos, con impuestos incluidos.
Mediante este contrato, CAMSA, que había ganado la adjudicación a la empresa Servicios Especializados de Inteligencia y Seguridad (SIECSA) gracias a que presentó una oferta más barata, consiguió ofrecer el servicio de guardia y custodia para instalaciones del INM en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
La empresa cuenta con el registro DGSP/203-20/4166 expedido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para prestar servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional. Sin embargo, la propia secretaria de Seguridad ha solicitado su baja del padrón.
“Incluso ya solicitamos al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato con esta empresa y, a partir de mañana (hoy viernes), elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez”, dio a conocer Rosa Icela Rodríguez.
Además, se comenzó un proceso administrativo sancionador, que consiste en revocar el permiso para que no pueda seguir trabajando, y se le impondrá una multa económica. También se buscará que participe en la indemnización a los deudos y víctimas sobrevivientes del incendio en la estancia migratoria.
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