CIUDAD DE MÉXICO. Tras el trágico accidente en el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, donde tres trabajadores perdieron la vida el pasado 10 de marzo, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aclaró que su administración no autorizó las obras de demolición y responsabilizó directamente a la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX.
A través de un video en redes sociales, la titular de la demarcación detalló que la empresa constructora solicitó el permiso de demolición el 26 de septiembre de 2025. No obstante, la alcaldía emitió una respuesta negativa apenas cuatro días después.
«Nosotras, desde la alcaldía, el 30 de septiembre de 2025 respondimos que no concedíamos el permiso porque no cumplían con los requisitos mínimos para garantizar la seguridad», puntualizó Rojo de la Vega.
Pese a esta advertencia técnica, la alcaldesa denunció que el 20 de octubre de 2025, las secretarías de Vivienda y de Gobierno de la Ciudad de México otorgaron «facilidades administrativas» para autorizar los trabajos bajo el acuerdo de la Comisión de Reconstrucción. «Aunque nosotras dijimos que no, ellos dijeron que sí», sentenció.
Fallas en la vigilancia y suspensión
La alcaldesa respondió a los señalamientos de Inti Muñoz, secretario de Vivienda capitalino, quien sugirió que las alcaldías son las responsables de vigilar estos procesos. Rojo de la Vega precisó dos puntos clave:
- Falta de reportes: Las verificaciones se realizan en coordinación con el Invea y suelen ser a petición ciudadana; en este caso, no existía ninguna solicitud previa para revisar el sitio.
- Intervención tardía: Tras el derrumbe, fue la alcaldía quien tuvo que intervenir para suspender la obra, ya que el Gobierno Central no lo hizo de manera inmediata tras la desgracia.
La administración de Cuauhtémoc reiteró que su decisión de no autorizar el proyecto se basó estrictamente en la falta de medidas de seguridad necesarias para proteger a los trabajadores y a los transeúntes. Con estas pruebas, la alcaldesa busca deslindar a su equipo de cualquier responsabilidad legal o administrativa por el incidente.
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