El presidente Guillermo Lasso, acusado de corrupción por el Congreso y amenazado de destitución, decretó este miércoles la disolución del legislativo, lo cual implica la celebración de elecciones generales anticipadas.
El impopular mandatario de derecha, señalado por la oposición legislativa de presunta corrupción en contratos de transporte de petróleo, ordenó «disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna», según el documento difundido por la presidencia.
En medio del alza de la violencia ligada al narcotráfico y del descontento por el costo de la vida, la decisión puede implicar el fin del gobierno de derecha y dar una oportunidad a la izquierda que domina el Congreso para recuperar fuerzas. El líder de la oposición es el exmandatario Rafael Correa, prófugo en Europa y condenado a ocho años de cárcel por corrupción.
La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días tras la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años que comenzó en mayo de 2021 y termina en 2025.
«Es una decisión democrática no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir», expresó Lasso en cadena nacional, acompañado de sus ministros.
El gobernante se presentó el martes ante el unicameral Congreso para defenderse de las acusaciones por supuesto peculado.
Según las denuncias, Lasso decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que llegara a la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.
El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares. El mandatario no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.
«Salida constitucional»
Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
«Sin bloqueos el gobierno expedirá una serie de decretos ley que cumplirá con el mandato soberanamente expresado por ustedes», señaló el presidente, quien tenía una minoría en el Legislativo.
La sede del Congreso amaneció bajo resguardo militar, mientras que en el palacio de gobierno en el centro histórico de Quito estaba custodiado por un puñado de uniformados, constataron periodistas de la AFP.
Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada «muerte cruzada», que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.
«Las fuerzas armadas y la policía nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución», expresó el general Nelson Proaño, jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas ecuatorianas, en un video difundido por el ministerio de Defensa.
En junio pasado el Parlamento había intentado destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron 12 votos para sacarlo del poder.
En su alocución, Lasso expresó que decidió disolver la Asamblea Nacional «para dar una salida constitucional al Ecuador«, un país que durante años tuvo fama de ingobernable.
El debate sobre el juicio político contra Lasso debía continuar este miércoles antes de un llamado a la votación sobre la destitución, pero Lasso se anticipó y decretó la «muerte cruzada».
«Esto no es fiscalización, es una obstrucción que ha generado una grave crisis y conmoción interna», señaló Lasso, quien sostiene que el juicio en su contra es «contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo».
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