MEXICALI, B.C.– Un anuncio espectacular aparecido la mañana del 25 de febrero en una de las zonas más transitadas de la capital bajacaliforniana ha desatado una fuerte polémica política. El mensaje señala directamente al diputado local de Morena, Juan Manuel Molina García, de mantener un equipo de seguridad privada financiado con recursos públicos desde hace casi dos décadas.
El señalamiento: 17 años de protección oficial
El anuncio, ubicado sobre la calzada Independencia a la altura de la Clínica 28 del IMSS, fue firmado por el grupo «Cachanillas unidos contra la corrupción». En él se cuestiona el uso de tres escoltas personales con un costo estimado de 120 mil pesos mensuales, presuntamente cubiertos por el erario público durante los últimos 17 años.
La respuesta del legislador: Entre evasivas y comparaciones
Al ser cuestionado por la prensa local, Molina García evitó confirmar o desmentir de forma tajante la presencia de los guardaespaldas o el monto reportado. En su lugar, comparó la atención que recibe con la de quienes dedican tiempo a la iglesia o al deporte, sugiriendo que la fijación hacia su persona es una «situación clínica».
«Dicen que en el tema del bullying, el que está persiguiendo a otros algo le faltó en su casa… hay gente que se dedica a buscar pajas en los ojos ajenos», expresó el diputado.
Respecto a la temporalidad de 17 años mencionada en el anuncio, el legislador argumentó una inconsistencia matemática, señalando que solo ha ejercido como diputado durante aproximadamente 11 años, aunque no aclaró si contó con dicha protección fuera de sus periodos en el cargo.
Alcaldesa de Mexicali justifica la seguridad
Por su parte, la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, confirmó que el legislador cuenta con protección oficial, argumentando que existe un documento del gobierno estatal que certifica un nivel de riesgo para el diputado.
Si bien la alcaldesa admitió desconocer la cifra de 120 mil pesos mensuales exhibida en el letrero, subrayó que la asignación de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal está legalmente «justificada» bajo los protocolos de seguridad estatal.
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