Baja California.- El exsenador Gerardo Novelo Osuna tramitó un amparo ante cualquier medida privativa de la libertad en su contra que pudiera ejercer la Fiscalía General de la República (FGR) por las investigaciones tras el aseguramiento de «huachicol» ocurrido en un terreno de su propiedad el 26 de marzo del 2025.
En esa fecha, las autoridades federales aseguraron un predio que era propiedad del exsenador morenista en Ensenada, donde se aseguraron cerca de ocho millones de litros de hidrocarburo ilegal.
El amparo fue promovido en el Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Ensenada, Baja California, en el que prevé actos como una orden de comparecencia y/o aprehensión en su contra librada por cualquier juez de control adscrito al centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, ubicado en Ensenada.
La protección legal también va dirigida a autoridades ejecutoras, la FGR, el Coordinador de Métodos de Investigación de la fiscalía y a la titular de la Agencia de Investigación criminal (AIC) del mismo organismo.
Así como a autoridades responsables como jueces de control adscritos a los diversos centros de justicia federales con residencia en los reclusorios de la Ciudad de México y jueces de Procesos Penales Federales.
El amparo señala que el motivo del acto reclamado es porque el pasado 22 de abril recibió un citatorio de la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos, en Materia de Hidrocarburos, derechos de autor, asalto y robo de vehículos, para comparecer “sin mencionar en qué calidad” el 28 de abril a del 2025 a las 12:00 de la tarde en las oficinas de dicha fiscalía especial en la Ciudad de México.
El asunto se encuentra en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-BC/0000325/2025.
En el texto, Gerardo Novelo explicó que el 25 de abril a la 1:00 de la tarde se encontraba realizando unas compras en el centro de Ensenada, Baja California, y asegura que recibió una llamada de uno de sus trabajadores en su domicilio particular, quien le explicó que había diversos elementos policiacos que «portaban una chamarra que en la parte frontal decía FGR» y, en la parte posterior Agencia de Investigación Criminal, pero no mostraron documentos.
Esta acción la consideró una «violación» a sus derechos.
“Es un orden ilegal de presentación, detención, comparecencia y/o aprehensión, librada en mi contra por las ordenadoras, yo no he cometido ningún delito que requiera esto y tampoco ningún otro acto ilícito que requiera sea presentado o detenido por las autoridades ejecutoras”, señaló.
La demanda de amparo fue emitida por el exsenador desde el pasado 29 de abril y le fue concedida la suspensión provisional a cambio de una garantía de seis mil pesos.
Con información de LATINUS
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