*Se brindará certeza patrimonial a las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad del Ejido General Francisco Villa
TIJUANA.- Con el fin de garantizar la certeza jurídica a cientos de familias de Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, en coordinación con el Gobierno Federal, anunció el inicio del Programa de Regularización para Familias en Condiciones de Marginación y Pobreza en el Ejido General Francisco Villa.
En el marco de los trabajos que realizan de manera coordinada el Gobierno de Baja California, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Gobernación se implementó este Programa de Regularización, en consenso con la Asamblea Ejidal de dicha localidad, precisaron las autoridades correspondientes.
Este programa se traduce en que las familias que históricamente habían vivido en la incertidumbre patrimonial, podrán obtener el título de propiedad de su terreno, lo que les permitirá acceder a servicios públicos, realizar mejoras en tu vivienda y proteger tu patrimonio, declaró la gobernadora,
La regularización tendrá dos modalidades, la primera a precios accesibles con apoyo del Gobierno del Estado, enfocada a familias en condiciones de pobreza que habitan 852 predios, con un costo de 163 mil 500 pesos. En esta modalidad el Estado asignará 17 millones de pesos para el pago del enganche de 20 mil pesos de dichos predios a costo social.
La segunda modalidad será totalmente gratuita para las familias más vulnerables, en condiciones de pobreza, aplicable a 400 predios.
El proceso para solicitar la regularización inicia el 24 de octubre, las y los interesados deberán acudir a la Ventanilla Única ubicada en el Centro de Gobierno Consorcio Metropolitano (IMOS), ubicadas en Esquina, Carretera Libre, Tijuana-Tecate, Blvd. Nogales Km. 26.5, El Florido, en Tijuana.
Deberán presentar Copia de identificación oficial; Copia de acta de nacimiento; Constancia de posesión (preferentemente); Copia de comprobante de domicilio; Copia del CURP; Copia de acta de matrimonio, en su caso; Trabajos técnicos de medición y delimitación (si los hubiera); y Estudio socio económico.
Finalmente, precisaron las autoridades que se estableció para la implementación de este programa la instalación de un Comité integrado por el Gobierno del Estado, la SEDATU y la SEGOB que tendrá como objetivo: evaluar, autorizar, observar y dirimir controversias entre otros, para las solicitudes presentadas para su incorporación al Programa.
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