VERACRUZ.– Tras la presión ejercida por organismos internacionales y el cuestionamiento directo de la Presidencia de la República, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz dio un giro al caso del periodista Rafael “Lafita” León. Este martes, la Fiscal General, Lisbeth Aurelia Jiménez, confirmó que se ha retirado la imputación por el delito de terrorismo.
Vinculación por cargos menores
Durante la audiencia de continuación en el Distrito Judicial de Coatzacoalcos, el juez de control determinó vincular a proceso al comunicador únicamente por los delitos de:
- Encubrimiento por favorecimiento.
- Delitos contra las instituciones de seguridad pública.
Al desestimarse la acusación de terrorismo, el periodista evitó la prisión preventiva oficiosa y una posible condena severa. Como medida cautelar, el juzgador impuso el resguardo domiciliario por un periodo de un año, mientras continúa la investigación complementaria.
El peso de la presión política
La rectificación de la Fiscalía ocurre apenas un día después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionara severamente la actuación ministerial durante su conferencia matutina.
“No sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo. No ha habido una acusación por terrorismo en México, yo creo que nunca. Tiene que explicar por qué usa este delito”, sentenció la mandataria el pasado lunes.
A este reclamo se sumó la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien calificó como inadecuada la tipificación del delito y sugirió una revisión al Código Penal estatal para evitar el uso discrecional de dicha figura jurídica.
Antecedentes del caso
Rafael León Segovia, periodista de la fuente policiaca, fue detenido el pasado 24 de diciembre en un operativo conjunto entre la Policía Ministerial y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Su captura activó las alertas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19, que denunciaron el uso del sistema penal como una herramienta de amedrentamiento contra la prensa en una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en el país.
Postura de la Fiscalía
A través de un comunicado, la FGE reiteró que su actuación se rige bajo el principio de «buena fe» y aseguró que el proceso seguirá los cauces legales con transparencia. La institución afirmó que se respeta la libertad de expresión, pese a la controversia inicial por el tipo de delitos imputados.
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