«Ya estaba muy viejo. El Compranet en realidad lo cambiaron en 2023 en la administración del expresidente López Obrador. Nada más que la ley no se había actualizado, entonces, hoy fue el el momento de homologar la ley», comentó la funcionaria durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
Ahondó en los cambios, justificando que con el nuevo sistema que se está empleado para cargar la información en el nuevo portal de contrataciones «es propio, no tenemos que pagar a vendedores, que era caro porque era el comprender a un sistema tipo SAP, pero ahorita ya es más económico y además lo podemos tener permanentemente en cambio».
Buenrostro dijo que entre las características que se le agregarán al nuevo sistema, que se encargará de automatizar, agilizar y transparentar el proceso de contrataciones públicas, tendrá una tienda digital.
«Esta tienda digital lo que lo que busca es tener al acceso de todos los administradores de todo el gobierno, productos que se utilizan en todos lados que se puedan adquirir más rápido y sin burocracia.», aseveró.
Luego desde que el pasado 27 de marzo, en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa de reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la que se señala la eliminación formal de Compranet, la organización Artículo 19 advirtió sobre los riesgos que ello representa a la transparencia y acceso a la información.
En un artículo publicado el 1 de abril, en medio de las discusiones en San Lázaro, se explica que este cambio carece de claridad sobre como se hará la transición de la plataforma digital, destaca que hay una falta de garantías en transparencia y rendición de cuentas; además una centralización del control en la nueva secretaría que encabeza Raquel Buenrostro y la exclusión de las obras y servicios ejecutados por las Fuerzas Armadas.
Ante ello, la organización exhortó a los legisladores ha «establecer mecanismos claros de auditoría y rendición de cuentas para garantizar la transparencia en el uso de la Plataforma».
«Sujetar a las Fuerzas Armadas y todos los proyectos estratégicos a los mismos principios de transparencia y rendición de cuentas que debe primar en cualquier proceso de contratación».
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