“Es reflejo del temor de aquellos que quieren que la justicia siga siendo para unos cuantos. Se resisten a la transformación del Poder Judicial, saben que vamos arriba en las preferencias y no les queda otra opción que la guerra sucia: la mentira”, dijo.
En un comunicado que responde a una publicación en medios mexicanos que afirma que existe una investigación en su contra por la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, en inglés) de Estados Unidos, la ministra explicó su deslinde del caso.
“Con la intención de que, en el marco del proceso de elección a cargos del Poder Judicial, las y los mexicanos no sean engañados ni manipulados”, dijo.
Ortiz Ahlf explicó que las acusaciones están relacionadas con un caso que analizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual ella es ministra presidenta.
“El expediente al que se hace alusión corresponde al amparo directo en revisión 3011/2021, el cual aún no ha sido admitido ni resuelto por el Pleno de la Corte”, precisa el texto publicado en redes sociales.
“Inicialmente, este asunto ya había sido desechado por la SCJN por considerarse improcedente al no acreditarse un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos”, abundó.
Concluye recordando que existe una “guerra sucia” en su contra, aunque no especificó a ningún grupo o persona.
“La verdad siempre prevalecerá ante estos intentos de ‘guerra sucia’ y, en ese sentido, estoy segura de que a partir del próximo 1 de junio tendremos ministros, jueces y magistrados cercanos a la ciudadanía”, concluyó en su texto.
El caso que hace referencia la ministra Loretta Ortiz está relacionado con uno dentro de la industria bancaria y fiduciaria entre el empresario Rafael Zaga Tawil contra el Grupo Financiero Actinver en donde está relacionada la disputa por mil 500 millones de pesos en donde presuntamente se violaron las leyes bancarias mexicanas.
A principios de marzo, en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la institución bancaria presentó un impedimento judicial para que sus integrantes, los ministros Loretta Ortiz, Juan Luis González Alcántara y Jorge Mario Pardo no participaran en el análisis del caso por considerar que había conflictos de interés.
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