ORLANDO.— El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó un amplio paquete de leyes de inmigración con el objetivo de implementar la agenda de deportación a gran escala del presidente Donald Trump. Se trata, dijo, de “la legislación más dura para mejorar la aplicación de las leyes y combatir la inmigración ilegal”.
Los legisladores en Florida se preparan para una posible disputa contra los tribunales a medida que avanzan en una disposición que, según los demócratas y los defensores de los derechos civiles, es inconstitucional, citando precedentes de la Corte Suprema.
La nueva medida de Florida impone la pena de muerte para los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente y hayan sido declarados culpables de delitos capitales, como asesinato premeditado o violación de menores. “El tribunal impondrá una sentencia de muerte a un acusado que sea un extranjero no autorizado y que sea condenado o declarado culpable de un delito capital”, dice el estatuto.
La aprobación de los proyectos de ley por parte de DeSantis se produjo después de que la cúpula legislativa encontró un punto medio con el gobernador, resolviendo un estancamiento de varias semanas entre los principales republicanos del estado sobre la mejor manera de apoyar las restricciones de Trump contra la inmigración ilegal.
“Hoy, la Legislatura de Florida ha aprobado la iniciativa más sólida en el combate a la inmigración ilegal de cualquier estado en todo el país”, declaró DeSantis antes de firmar los proyectos de ley y entregar un marcador a cada uno de los líderes legislativos que lo acompañaron en la ceremonia. “Estamos a la vanguardia en la resolución de la crisis de inmigración ilegal.”
Las medidas de Florida también asignan 298 millones de dólares para contratar a más de 50 nuevos agentes que se enfocarán en materia de inmigración, además de subvenciones para equipo y capacitación para agencias locales, bonificaciones para oficiales que colaboren en operaciones federales y reembolsos por el alquiler de instalaciones de detención.
El paquete también aumentaría las penas a todos los delitos cometidos por inmigrantes que están sin autorización en el país. Otra disposición convierte el intento de evitar el arresto por parte de individuos indocumentados en un delito menor con una pena mínima obligatoria de 9 meses de prisión.
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