CDMX. – En un giro inesperado y tras una intensa ola de críticas en redes sociales y esferas políticas, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han decidido no utilizar las camionetas blindadas recientemente adquiridas por el máximo tribunal.
Las unidades, cuyo valor individual se estima en más de un millón de pesos, habían sido compradas bajo el argumento de garantizar la seguridad y protección personal de los integrantes de la Corte. Sin embargo, la presión pública obligó a la institución a dar marcha atrás.
Devolución y reasignación de recursos
A través de un comunicado oficial, la Suprema Corte confirmó que los vehículos no serán utilizados por los ministros. En su lugar, se iniciará un proceso de devolución a la agencia o, en su defecto, serán entregadas a jueces y magistrados que enfrenten riesgos extraordinarios en el ejercicio de su labor.
«Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo», señaló el tribunal, buscando desmarcarse de la imagen de opulencia que generó la compra.
Contradicción con la Reforma Judicial
La controversia cobra especial relevancia debido a que los nueve ministros que asumieron el cargo en septiembre pasado llegaron tras la implementación de la reciente reforma judicial. Uno de los pilares de dicha reforma fue, precisamente, la eliminación de los llamados «privilegios» del Poder Judicial, entre los que se incluía el uso de vehículos oficiales de alto costo.
Puntos clave del conflicto:
Costo: Cada unidad supera el millón de pesos.
Justificación inicial: Seguridad nacional y protección de los juzgadores.
Reacción presidencial: La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la adquisición y pidió una explicación clara, contrastando el gasto con el supuesto ahorro de mil millones de pesos que la Corte debía reportar.
El impacto en la opinión pública
La circulación de imágenes de las camionetas en plataformas digitales fue el detonante de la crisis de imagen para el nuevo PJF. Con esta decisión, la Corte busca mitigar los señalamientos de incongruencia entre el discurso de austeridad de la reforma y la práctica administrativa interna.
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