De presuntas irregularidades administrativas a acusaciones más graves, los casos que involucran posibles vínculos con grupos del crimen organizado han puesto en jaque el discurso de la 4T de “no mentir, no robar y no traicionar”.
No se trata de meros dichos sin sustento.
Existen investigaciones periodísticas, expedientes de autoridades mexicanas y hasta designaciones y sanciones del gobierno de los Estados Unidos que han encendido alertas políticas y judiciales.
Estos son dos casos relevantes que involucran a las exalcaldesas morenistas de Tijuana y Playas de Rosarito respectivamente en el ámbito local del estado de Baja California.
1. Monserrat Caballero: indagatoria por nexos con el CJNG
La FGR, a través de la FEMDO, mantiene abierta la carpeta FED/FEMDO/UEITA-BC/0000170/2024 por presuntos “nexos directos” de Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana, con el CJNG “por lo menos desde octubre de 2021”, cuando asumió la alcaldía de Tijuana.
La indagatoria incluye solicitudes de información a instancias nacionales y a la Embajada de Estados Unidos, así como la revisión de excolaboradores de su administración.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó la existencia de la investigación. En conferencia del 8 de octubre de 2025, sostuvo que se trata de una pesquisa de la FGR y no del ámbito estatal.
“La FEMDO es una institución muy seria y es una investigación que entiendo ya lleva varios meses llevándose a cabo. […] Aquí no hay cacería de brujas”.
El caso también ha estado cruzado por un enfrentamiento político entre Caballero y la gobernadora.
La exalcaldesa ha denunciado persecución y afirma que atenderá cualquier requerimiento sobre su patrimonio, como lo documentó el Semanario ZETA en el capítulo relativo a su comparecencia ante la Sindicatura Municipal.
De acuerdo con el mismo semanario, existen al menos dos episodios vinculados a la exalcaldesa en los que se señalan posibles nexos criminales e irregularidades:
- Atentado al escolta (mayo de 2023): la agresión a un integrante de su seguridad detonó hipótesis sobre disputas con células criminales y detenciones ligadas al CJNG.
- Patrimonio y comparecencias: expedientes por omisiones y adquisición de un inmueble en Playas de Tijuana; Caballero dijo aportar documentación fiscal de su esposo.
2. Hilda Araceli Brown Figueredo y “Los Mayos”
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EUA designó a Hilda Araceli Brown Figueredo bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, acusándola de facilitar operaciones de la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, cuando fungía como alcaldesa en Playas de Rosarito, con presunta protección institucional y apoyo a actividades criminales.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, advirtió sobre la dimensión del poder corruptor del cártel:
“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, lavando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”.
Tras la designación, todos los bienes e intereses de Brown bajo jurisdicción estadounidense quedaron bloqueados y se prohibieron transacciones con ella por parte de ciudadanos y empresas de EUA.
En México, la UIF anunció bloqueos preventivos a personas físicas y morales señaladas por esa misma red, subrayando que la medida no implica de por sí una determinación judicial.
Más allá de su desenlace jurídico, estos dos episodios han minado el capital político de Morena en la discusión pública en Baja California.
En estos casos citados, las señaladas niegan haber cometido delitos o pactado con organizaciones criminales.
Las investigaciones siguen su curso y serán las autoridades competentes quienes determinen eventuales responsabilidades.
Con información de Político MX
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