Desde Palacio Nacional, la mandataria dijo: «Es falso que haya habido amenazas (de parte del expresidente) López Obrador, ni de nuestra parte ha habido ninguna amenaza, a ninguna persona juzgadora».
Afirmó que hablar en las conferencias matutinas de las decisiones que toman los jueces sobre la emisión de amparos, análisis de resoluciones, y las posturas que tomaron sobre las reformas constitucionales enviadas por el gobierno federal responde a que «son servidores públicos y requieren transparencia», ya que continúan defendiendo al «viejo régimen».
«En realidad, el fondo, es que el Poder Judicial, y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte, representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes», aseguró.
La mandataria insistió en que las resoluciones que dan los jueces son para apoyar al crimen organizado o defender intereses particulares.
Este martes, la ministra presidenta Norma Piña rindió su segundo informe en donde afirmó que los ataques a jueces, magistrados y ministros comenzaron hace seis años, cuando empezó el gobierno del expresidente López Obrador.
Sin embargo, dijo que la Suprema Corte «recuperó su mandato y papel de tribunal constitucional independiente y autónomo» durante su periodo al frente del Poder Judicial de la Federación, y coincidió con el inicio del ataque hacia ese poder.
«Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes y al legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, se nos llamó traidores al pueblo», expresó la ministra.
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