La organización Artículo 19 documentó 272 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en México, lo que equivale a una agresión cada 16 horas durante los primeros seis meses de 2023.
De acuerdo con el primer informe semestral de la organización, durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador suman dos mil 941 casos de violencia contra la prensa.
Artículo 19 detalla que en el primer semestre del año hubo al menos tres asesinatos de periodistas posiblemente vinculados a su labor: Marco Aurelio Ramírez Hernández el 23 de mayo, Luis Martín Sánchez Íñiguez el 7 de julio, y Nelson Matus Peña el 15 de julio, además de la desaparición de Juan Carlos Hinojosa, el 6 de julio
“Con estos casos, la lista de periodistas asesinados desde el año 2000 ascendió a 161, de los cuales, 41 ocurrieron en la actual administración, mientras que 32 periodistas permanecen desaparecidos, cinco de los cuales fueron desaparecidos en este gobierno”, cita el informe.
Entre las causas de la violencia contra la prensa, Artículo 19 señala que “es un reflejo tanto de una serie de discursos estigmatizantes contra la prensa, catalogándolos como adversarios a la ciudadanía, y de una impunidad y falta de atención a los casos de violencia contra periodistas, tanto del pasado como del presente”.
La intimidación y hostigamiento representan e mayor número de casos de violencia documentados por la organización con 68, seguido del uso ilegítimo del poder público con 61, 49 casos de amenazas, 15 ataques físicos y 15 ataques a bienes materiales.
“Las intimidaciones y hostigamientos, entendiéndose como actos que buscan inhibir, coartar o censurar la labor periodística al generar un sentimiento de intimidación y provocar autocensura en la prensa, continúan siendo, como en los últimos tres años, el tipo de violencia más común al cuál se enfrentan las y los periodistas en México”, señala la organización.
Intimidación y hostigamiento tienen el mayor número de casos, seguido del uso ilegítimo del poder público y amenazas
Artículo 19 puso como ejemplo la situación en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, donde periodistas locales reportaron a principios de junio amenazas vía mantas colgadas en varios puentes peatonales.
En las mantas, los presuntos grupos del crimen organizado acusaban que la prensa “siendo llevada por el ejército” a ciertas zonas de Chiapas.
Sobre el abuso del poder público, la organización señala que las y los periodistas están bajo la presión de funcionarios públicos que utilizan procesos legales para amedrentarlos, censurarlos y desgastarlos física, mental y económicamente.
“De enero a junio de 2023, Artículo 19 documentó 12 procesos de acoso judicial contra periodistas, generando un promedio de dos procesos judiciales al mes contra la prensa mexicana”, señala el informe.
Al menos ocho de los procesos “están vinculados a investigaciones de corrupción de los gobiernos locales o estatales”.
De los tres niveles de gobierno, las personas servidoras públicas a nivel estatal concentran los ataques a la prensa con 64 casos (23.5 por ciento), mientras que los ataques desde el nivel federal fueron 53 (19.4 por ciento.
“Este periodo es la primera vez desde el año 2016 que la organización documenta que el nivel federal corresponde al segundo lugar en agresiones, siendo comúnmente el último; por lo que preocupa de sobremanera el continuo uso de la tribuna pública para estigmatizar o criminalizar a la prensa”.
La organización documentó 137 agresiones contra reporteros que cubren temas de corrupción, mientras que la cobertura de seguridad y justicia —llamada de nota roja— generó 67 casos, le siguen las protestas o movimientos sociales, sobre los que se documentaron 29 agresiones en este primer semestre de 2023.
“Este hecho resalta una vez más el potencial rol de las autoridades en la violencia contra la prensa, pues corresponde que una de cada dos agresiones contra la prensa son de cobertura política y de corrupción. Así, aunque las autoridades repitan el discurso que la prensa es agredida por sus coberturas de nota roja, y que su principal agresor no es el Estado, la documentación de este semestre vuelve a confirmar que en México, cubrir la actividad de las y los políticos es la principal actividad de riesgo” señala Artículo 19.
Las agresiones contra reporteros y medios de comunicación se presentaron en 26 entidades del país, siendo la Ciudad de México donde más agresiones se documentaron con 65, seguida de Quinta Roo con 21, Guanajuato con 19, Puebla con 18 y Coahuila con 17.
La organización también documentó un actuar ineficiente de las autoridades en los casos en los que los periodistas piden protección o denuncian agresiones, por lo que las medidas cautelares son poco efectivas.
“En al menos cuatro de 10 acompañamientos a periodistas ante las juntas de gobierno del Mecanismo (de protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos), los análisis de riesgo fueron deficientes o incompletos: catalogando agresiones y amenazas como incidentes sin un vínculo a la labor periodística, o desestimando el riesgo de las coberturas periodísticas y el contexto local para un análisis del riesgo”, señala el informe semestral.
Artículo 19 reiteró su llamado a los gobiernos federal, estatales, así como a los poderes de la Unión, a implementar políticas públicas integrales de prevención y protección a periodistas y medios de comunicación y reconocer la importancia de su labor en un contexto democrático.
Pidió abstenerse de emitir expresiones estigmatizantes, criminalizantes y de descalificación en contra de la prensa, que en estos seis meses, tan sólo en las conferencias mañaneras del Presidente, fue calificada de manera negativa 114 veces, ”de las cuáles 42 fueron calificadas como agresiones directas”.
Con información de EL SOL DE MÉXICO
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