Con velas, fotografías de colegas que han sido asesinados y consignas en contra de las autoridades, periodistas protestaron el lunes por la noche afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) por el asesinato del periodista Luis Martín Sánchez, corresponsal del periódico La Jornada en Nayarit.
Los periodistas mencionaron que otra persona relacionada con los medios de comunicación en esa región sigue desaparecida, además del fotógrafo Juan Carlos Hinojosa Viveros. Trabaja como fotógrafo en el Departamento de Comunicaciones del ayuntamiento de Nanchital en Veracruz, y también es editor del medio de noticias «La de 8 News».
En la protesta, los comunicadores fueron improvisando un pase de lista y, después de mencionar cada nombre de un periodista asesinado, gritaron “¡Justicia!”.
Moisés Sánchez, Gregorio Jiménez, Octavio Rojas, Regina Martínez, Miroslava Breach… Todos ellos fueron algunas de las víctimas recordadas, entre las decenas de personas asesinadas en México por ejercer el periodismo.
Con un cartel de fondo con el mensaje “Ley AMLO: balazos a periodistas, abrazos a delincuentes”, el periodista Jorge Meléndez Preciado propuso que los periodistas llamen a no votar en las elecciones de 2024 o a tener un candidato propio —aunque no esté registrado ante las autoridades electorales—, enfocado en resolver la violencia contra el gremio.
“Esperamos que la señora Luisa María Alcalde nos escuche y resuelva los asuntos pendientes de la justicia, como Notimex, y de los reporteros”, agregó.
La periodista Martha Durán leyó ante un micrófono el pronunciamiento del gremio periodístico de Nayarit, respaldado por 366 firmas a título personal y 20 conjuntas de medios de comunicación, organizaciones y colectivos.
En él, los periodistas exigen a las autoridades de los distintos niveles de gobierno que se agoten todas las líneas de investigación que puedan relacionar su ejercicio periodístico con la sustracción de los periodistas y que se garantice la seguridad para ejercer el oficio.
También demandan protección para las familias de las víctimas y exigen que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), de la Fiscalía General de la República (FGR), atraiga la investigación para atenderla conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
“También pedimos garantías para acceder al derecho de información, para que en todo momento se den a conocer los resultados de las investigaciones por el hecho de que la situación es un asunto de interés público”, señalan.
La periodista Marcela Turati advirtió a las autoridades que el gremio estará vigilando que no retiren a las víctimas del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como se ha documentado en algunos casos.
Durante la protesta, representantes de la organización Tenemos que hablar enfatizaron que, además de la obligación de las autoridades para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo, las empresas y los medios de comunicación deben asumir su responsabilidad en el respeto y la garantía de los derechos de los comunicadores.
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