Ciudad de México.- Tras el fatídico colapso en un inmueble de San Antonio Abad que cobró la vida de tres personas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó una serie de pruebas documentales que deslindan la responsabilidad de la demarcación. La mandataria local expuso que la administración central, bajo un esquema de “Acuerdo de facilidades”, ha limitado las facultades de verificación de la alcaldía, dejando la seguridad de diversas obras de alto impacto en manos exclusivas de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.
El esquema de facilidades administrativas impide la verificación de obras locales
La alcaldesa detalló que, pese a las constantes denuncias de los vecinos, la alcaldía se ha visto imposibilitada para intervenir en 6 de los 17 inmuebles que actualmente se demuelen en la zona. La razón técnica es que estos proyectos operan bajo un régimen especial derivado de la Comisión para la Reconstrucción.
“En la Cuauhtémoc hay 17 demoliciones bajo este mismo acuerdo de facilidades. ¿Qué creen? En seis de ellas no nos han dejado verificar. ¿La razón? Porque tienen acuerdo de facilidades administrativas, solo el gobierno de la ciudad puede verificar esas obras. Solo ellos. Aquí están los oficios y las pruebas”, sentenció Rojo de la Vega.
Responsabilidades directas del Gobierno Central en el colapso del inmueble
Según la documentación exhibida, el permiso para la obra donde ocurrió el siniestro fue otorgado directamente por el gobierno capitalino. Este aval no solo permitía la intervención, sino que obligaba a las dependencias centrales a fungir como supervisores directos del proceso y de la integridad de las zonas colindantes.
“Esa demolición tenía permiso del gobierno de la ciudad, no de la alcaldía. Y ese permiso implicaba responsabilidades claras”, sostuvo la funcionaria, aclarando que la normativa de 2025 permite estas acciones incluso omitiendo requisitos críticos como programas de protección civil, delegando la carga de seguridad a la Secretaría de Vivienda (SEVIVIENDA) y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Advertencias de riesgo ignoradas y la saturación del instituto verificador
Un punto clave en la cronología de los hechos es que la empresa responsable buscó inicialmente el permiso ante la alcaldía, el cual fue denegado tras identificar riesgos para la seguridad ciudadana. No obstante, días después, el gobierno central autorizó el proyecto bajo el mencionado esquema excepcional.
A esto se suma la crisis operativa del INVEA. La alcaldesa señaló que la demarcación ha solicitado acompañamiento para realizar inspecciones, pero el instituto ha respondido que no cuenta con personal suficiente, dejando cientos de solicitudes en el tintero desde octubre de 2025. Ante la falta de supervisión institucional, la alcaldesa fue tajante: “Ellos autorizaron, ellos tenían la obligación de supervisar y ellos debían garantizar la seguridad”.
Atención al trabajador sobreviviente y el llamado a no politizar
Más allá de la batalla administrativa, la alcaldesa destacó la labor de Protección Civil de la alcaldía al trasladar al único sobreviviente al Hospital Rubén Leñero y asegurar su seguimiento médico tras un alta hospitalaria prematura. “Aquí lo importante es la vida de las personas. El servicio público es resolver”, expresó.
Finalmente, hizo un llamado a dejar de lado la retórica partidista para enfocarse en la revisión de los mecanismos de reconstrucción que hoy parecen vulnerables. “Esto no se politiza, se respeta”, afirmó, cerrando su intervención con una postura firme frente a la opinión pública: “Aquí hay documentos, aquí hay normas y aquí hay hechos. La verdad está sobre la mesa”.
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