De manera oficial la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo público el proyecto con el cual se pretende ‘sepultar’ la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), popularmente llamada ‘Plan B’.
Fue en su sitio oficial donde la SCJN compartió este martes el proyecto de sentencia presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, mismo que propone la invalidación de la reforma a la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 27 de diciembre de 2022.
De acuerdo con el documento, los promoventes son los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), el partido político del estado de Jalisco denominado Hagamos, así como diversos diputados y senadores.
Según lo expuesto por los promoventes, el Plan B electoral efectúa siete acciones de inconstitucionalidad, por tal motivo han decidido impugnar el decreto a fin de echar para atrás la reforma electoral.
Por su parte, el ministro Pérez Dayán argumentó que las reformas a la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas fueron aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados en ambas Cámaras, esto sin respetar las reglas del proceso legislativo y bajo un “cúmulo de irregularidades y violaciones” a los reglamentos internos.
Cabe señalar que la Corte señaló que una vez que la reforma de AMLO se publicó en el DOF, los inconformes tenían un plazo de 30 días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad, en caso de cumplir con tal requisito, la promoción se considerará oportuna.
De esta forma se necesitará de una mayoría de ocho votos para que el proyecto de Alberto Pérez Dayán sea aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que será votado el próximo 8 de mayo.
Más temprano, Presidencia acusó de ilegal la filtración a medios de comunicación del documento de la Suprema Corte, pues aseguró que «afecta el principio de imparcialidad».
«La filtración de información reservada es una práctica ilegal que afecta el principio de imparcialidad de los funcionarios que imparten justicia en nuestro país; el artículo 206, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prohíbe, entre otras conductas, usar, sustraer o divulgar, total o parcialmente, la información que se encuentre bajo la custodia de los servidores públicos», señaló en un comunicado.