La Suprema Corte retiró del orden del día el análisis del Artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos capitalina; organizaciones civiles alertan sobre un posible retroceso en el derecho a una vivienda digna.
CDMX.- En una decisión marcada por la movilización ciudadana, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó retirar de su agenda la discusión de la acción de inconstitucionalidad 73/2019. El proyecto, que busca validar la legalidad de los desalojos en la Ciudad de México, fue postergado tras las protestas de organizaciones sociales que exigen una revisión con enfoque social y no meramente técnico.
El conflicto jurídico emana de una impugnación presentada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) contra el Artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos local. Dicha norma, reformada en 2019, regula los procedimientos para desocupar inmuebles.
Aunque el artículo establece que ningún desalojo puede ocurrir sin un mandamiento judicial y garantiza el debido proceso, la CDHCM argumenta que la reforma de 2019 representó un «retroceso progresivo». El organismo señala que se eliminaron prohibiciones explícitas contra los desalojos forzosos y se debilitó la obligación del Estado de brindar asistencia inmediata a personas en situación de vulnerabilidad.
El proyecto de resolución, elaborado por la ministra María Estela Ríos González, proponía declarar la validez de la ley actual. Según la ponencia, el derecho a la vivienda no se ve vulnerado porque:
- Los desalojos están sujetos a control judicial.
- Se priorizan mecanismos como la mediación y conciliación.
- Busca un equilibrio entre los derechos de los ocupantes y los de los propietarios.
Sin embargo, para los colectivos ciudadanos que se manifestaron a las afueras de la Corte, esta interpretación es «estrictamente legalista» y omite la realidad de la crisis habitacional y la gentrificación que azota a la capital.
«El debate no puede limitarse a una lectura técnica; el aumento de los desalojos y el encarecimiento de la vida obligan a la Corte a ponderar el impacto social real», señalaron representantes de los inconformes.
Un espacio para la audiencia ciudadana
Ante la complejidad del asunto y la presión social, los ministros optaron por retirar el proyecto para permitir un análisis más profundo. El objetivo principal será otorgar el derecho de audiencia a los representantes de los colectivos, buscando que la sentencia final considere las implicaciones en derechos fundamentales como la salud, la integridad personal y la no discriminación.
Por el momento, la validez del Artículo 60 permanece en el aire, a la espera de que el Máximo Tribunal defina una nueva fecha para su debate, en lo que promete ser un fallo histórico para la política de vivienda en México.
Síguenos en
Facebook: Análisis Noticias Online
Threads: @analisisnoticiasonline.
Instagram: analisisnoticiasonline
Bluesky: Análisis Noticias Online
TikTok: @analisisnoticiasonline
Linkedin: Análisis Noticias Online
You Tube: Análisis Noticias Online