Así lo propone la iniciativa que envió el viernes la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados. Se trata de una propuesta de reforma con sello propio y que además, da continuidad a algunas propuestas del exmandatario López Obrador, quien en su paquete de reformas constitucionales -enviadas en febrero- busca la desaparición de órganos constitucionalmente autónomos como el INAI, la Cofece, el Coneval, entre otros.
Ahí en San Lázaro, donde se han aprobado ocho reformas constitucionales en sólo dos meses, comenzará el debate sobre el futuro del INAI (su inminente desaparición) y las modificaciones de la administración pública propuestas por Sheinbaum Pardo que contemplan cambios en la Secretaría de la Función Pública.
Comisionados del INAI advierten que hay temor por el manejo de datos personales
No hay sorpresa en los comisionados que actualmente conforman el pleno del INAI. Pero, por el momento, comentan que la iniciativa de reforma es muy general para dar garantía al cumplimiento de ambos derechos. También permanecen dudas que han persistido desde que López Obrador propuso la desaparición del Instituto de Transparencia.
“En la reforma se tendría qué definir ¿qué pasa con los otros sujetos obligados (que no son p0arte de la administración pública)?, porque esta Ley sólo resuelve sobre los temas relacionados con el Ejecutivo”, explicó la comisionada Julieta del Río a El Sol de México.
Otras cuestiones que plantea Del Río Venegas es quién controlará el acceso a la información en instituciones que no pertenecen a la administración pública centralizada, como universidades, sindicatos, partidos políticos, y hasta la Cámara de Diputados, el Senado de la República y el Poder Judicial de la Federación. Los recursos en trámite que actualmente tiene el INAI, los contratos laborales, qué pasará con la Plataforma Nacional de Transparencia, son algunas incógnitas más.
“Si bien la iniciativa en cuestión aborda los temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en lo referente a las atribuciones de la nueva Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, lo hace de forma general sin entrar a detalle”, agregó por su parte Adrán Alcalá, comisionado presidente del INAI.
“Hay que tener presente que desde hace tiempo la aún Secretaría de la Función Pública ha tenido atribuciones en las materias de transparencia y acceso a la información y se ha coordinado con el INAI para orientar entre los sujetos obligados las acciones correspondientes”. agregó.
Desde el propio INAI y sectores sociales se ha advertido que la desaparición del instituto y la absorción de sus responsabilidades por la Secretaría de la Función Pública, abre la puerta a que el propio gobierno sea juez y parte en materia de transparencia y acceso a la información pública. Además, se precisa el descuido en la protección de datos personales que están en manos de sectores privados.
Según Raquel Buenrostro, actual secretaria de la Función Pública, para que el gobierno no sea juez y parte en el tema de la transparencia, se están trabajando iniciativas para involucrar a los tribunales administrativos. No obstante, “Eduado Bohorquez, de Transparencia Mexicana, lo dijo y lo dice bien: no se puede judicializar el acceso a la información”, contrastó Julieta del Río.
La reforma enviada por la Presidenta todavía no contempla el aspecto de los tribunales. Tampoco abroga la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ni la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, las cuales sustentan legalmente algunas funciones del INAI.
¿En qué consiste la propuesta de Sheinbaum?
Entre los múltiples cambios que contempla la reforma (como la creación de dos secretarías y una agencia nuevas) Claudia Sheinbaum propone que la SFP se convierta en Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y en sus nuevas atribuciones tendrá el control del acceso a la información pública y la protección de datos personales.
La Secretaría de Anticorrupción tendrá que “elaborar y conducir la política pública en materias de integridad pública, evaluación de la gestión gubernamental, mejora continua, modernización, contrataciones públicas, transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas, fiscalización y anticorrupción de la Administración Pública Federal”.
También “establecerá las políticas, bases y normativa para la determinación de la información de interés público que, en materia de anticorrupción y buen gobierno, se deba difundir proactivamente”.
De acuerdo con la iniciativa. la nueva Secretaría de Estado también deberá participar en el establecimiento de las bases y principios de coordinación de los integrantes en el Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización; establecer mecanismos para atender responsabilidades administrativas; involucrarse en mecanismos de las compras públicas; llevar registro de las declaraciones patrimoniales del personal de la administración pública, entre otros aspectos.
En medio de las dudas abiertas y previo a la discusión legislativa para aprobar la reforma, el pleno del INAI sostendrá reuniones con integrantes de ambas cámaras del Congreso; el martes en el Senado y el jueves en San Lázaro. Además, los comisionados están en espera de ser recibidos nuevamente en Bucareli por la Secretaría de Gobernación.
La intención, desde el INAI, es mantener el diálogo ”con miras a definir el mejor arreglo institucional que asegure la transparencia y los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales”, remató Alcalá Méndez.
Con información de El Sol de México
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