CDMX.- En una decisión que resalta la continuidad de la cooperación militar bilateral, el pleno del Senado de la República aprobó este miércoles el ingreso de elementos de las fuerzas especiales de la Marina de Guerra de los Estados Unidos a territorio nacional.
Con una mayoría de 105 votos a favor y una sola abstención, la Cámara Alta facultó a la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir el despliegue de nueve efectivos de los equipos Navy SEALs (Tierra, Mar y Aire). Los militares estadounidenses participarán en el ejercicio conjunto denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.
El adiestramiento tendrá una duración de dos meses, programado del 15 de febrero al 16 de abril de 2026. Las sedes designadas para estas actividades son estratégicas para la Infantería de Marina mexicana:
- San Luis Carpizo, Campeche: Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado.
- Ciudad del Carmen: Sector Naval.
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Pese al amplio consenso, la sesión no estuvo exenta de tensiones geopolíticas. La única abstención provino del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, quien calificó la operación como «riesgosa».
Noroña vinculó su postura a los recientes acontecimientos internacionales, señalando la intervención estadounidense en Venezuela ocurrida el pasado 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro.
«En un momento en que apenas se cumplió un mes de la intervención militar de EE. UU. en la República Bolivariana de Venezuela… la inmunidad diplomática no sirvió absolutamente de nada», sostuvo el legislador, aunque aclaró que respalda la política de seguridad de la presidenta Sheinbaum en el combate al crimen organizado.
Cuestionamientos por falta de transparencia
Por su parte, la oposición, representada por la senadora Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano), denunció irregularidades previas en el manejo de estos ingresos. Barrales reveló que el pasado 18 de enero un avión Hércules de la Fuerza Aérea de EE. UU. aterrizó en el Aeropuerto de Toluca sin que el Senado fuera notificado, violando presuntamente el artículo 76 constitucional.
La legisladora criticó lo que llamó un «proceso desaseado», subrayando que no hubo claridad sobre si dicha aeronave transportaba personal armado, lo que sienta un precedente de opacidad previo a la autorización formal emitida hoy.
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