El Senado aprobó por unanimidad una reforma que impedirá a deudores de pensión alimenticia tramitar documentos como el pasaporte, la licencia de conducir o la credencial para votar.
El pleno de la Cámara Alta aprobó por unanimidad un dictamen que plantea reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de fortalecer la ejecución y garantizar el oportuno cumplimiento de la pensión alimenticia, de manera homologada en todo el país.
«Para volver a casarse, comprar o vender inmuebles, tramitar licencia de conducir, pasaporte o INE; contender por puestos de elección popular, cargos como jueces o ministros, será necesario obtener un certificado de no deudor moroso», afirmó durante la sesión la senadora morenista y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
La propuesta, avalada con 86 votos y enviada al Ejecutivo federal, plantea crear un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el objeto de concentrar la información de las personas deudoras alimentarias, a fin de dotar de una efectiva protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
“Con ello, se precisa en el documento, que las autoridades de los tres órdenes de gobierno dispondrán de lo necesario, con la finalidad de establecer, como requisito, la presentación del certificado de no inscripción en dicho registro para realizar procedimientos y trámites como:
“Licencias y permisos para conducir; pasaporte o documento de identidad y de viaje; participar como candidato a cargos de elección popular; participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal; trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales”, destaca el Senado en un comunicado.
“También se requerirá dicho certificado en las solicitudes de matrimonio, situación en la que la persona oficial del Registro Civil deberá hacer del conocimiento de los contrayentes, si alguno se encuentra en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias”, añadió.
Además, se prevén medidas de restricción migratoria, con el objeto de impedir que las personas inscritas en dicho registro puedan salir del país cuando sean deudores alimentarias morosas, así como cuando existan los medios de prueba para determinar la existencia de un riesgo importante de que su salida del país se utilice como un medio de evasión del pago de la deuda.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, dijo que el dictamen responde a la obligación del Estado mexicano para garantizar la satisfacción de las necesidades alimentarias de las niñas, niños y adolescentes del país.
Sánchez Cordero destacó que en México, por cada 10 matrimonios hay tres divorcios y tres de cada cuatro hijos de una pareja divorciada no reciben pensión alimenticia. Además, 33 de cada 100 mujeres en México, de entre 15 y 54 años, son madres solteras.
La exsecretaria de Gobernación detalló que con la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, sólo un juez familiar podrá ordenar que se retire a la o el deudor del Registro, cuando se hayan cubierto las pensiones faltantes y se cuente con el certificado expedido por el Registro Civil.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Mayuli Latifa Martínez Simón, refirió que, de cada 10 divorcios, siete padres no cumplen con la pensión alimenticia, lo que se convierte en un problema grave que requiere de soluciones, “pues es alarmante que los hijos padezcan estas indiferencias de los padres que no desean hacerse responsables de los gastos básicos”.
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