La nueva dependencia del gabinete presidencial reemplazará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) con un enfoque más transversal en todos los organismos del gobierno federal y los estados, expuso su titular, Raquel Buenrostro, en la conferencia matutina de Sheinbaum.
«El ir acabando con la corrupción, y ustedes lo vieron, permitió tener mayores recursos públicos, el crecimiento de los recursos públicos ha sido histórico en esta Cuarta Transformación (el movimiento de López Obrador) y queremos mantenerlo», declaró la funcionaria.
Buenrostro era conocida como la «dama de hierro» durante el gobierno de López Obrador por su labor para implementar la austeridad y fiscalizar como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y secretaria de Economía.
Durante el gobierno de López Obrador se redujo un 11.2% la tasa de actos de corrupción en trámites por cada 100 mil habitantes de 2019 a 2023 hasta los 13 mil 966, citó la funcionaria con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Además, cayó ocho puntos porcentuales, la percepción de la población que opina que las prácticas de corrupción son «muy frecuentes» o «frecuentes» de 2017 a 2013, hasta un «mínimo histórico» de 83.1%, agregó Buenrostro, también de acuerdo con el Inegi.
La nueva Secretaría pretende pasar de «un enfoque correctivo a un enfoque preventivo«, por lo que el eje de «buen gobierno» será como el «policía bueno», que contempla dignificar la carrera del servidor público, acompañamiento preventivo, y modernizar a la administración pública federal para hacerla más eficiente e inhibir la corrupción.
También consolidará compras públicas transparentes «a precios justos» que fomenten la proveeduría nacional, y la transparencia proactiva.
Mientras que en el ramo «anticorrupción», la Secretaría fortalecerá la cultura de la denuncia en el sector público y privado, investigaciones que inhiban la corrupción y combatir la impunidad.
“Tenemos que hacer que violar la ley sea más caro que cumplir la ley, que no haya ningún incentivo para violar la ley. Ahorita para muchas empresas es más fácil decir: incumplo con el contrato porque la penalización es muy baja», expresó Buenrostro.
La meta de los primeros 100 días de la nueva dependencia será la reestructura de la administración pública federal, acompañamiento a obras como el Tren Maya y el sector salud, y elaborar reformas a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras para ahorrar hasta un 70% con subastas de contratos públicos.
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