CDMX.- – En un ejercicio de rendición de cuentas durante la «Conferencia del Pueblo», la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un análisis comparativo de las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asegurando que la actual conformación opera bajo un esquema de austeridad que ha eliminado beneficios excesivos.
De acuerdo con las cifras presentadas por la mandataria, el cambio en la estructura judicial tras la elección del año pasado ha permitido una reducción drástica tanto en salarios brutos como en prestaciones adicionales.
Reducción salarial y eliminación de seguros
La presidenta destacó que, para este 2026, los ministros perciben un sueldo mensual bruto de 186,485.77 pesos. Esta cifra contrasta con los 297,403.77 pesos que recibían los integrantes de la anterior conformación, lo que representa un ahorro de casi 111,000 pesos mensuales por cada ministro.
«No decían nada antes de lo que ganaban cada ministro y cada ministra. Además, el asunto es todo lo demás que tenían», sentenció Sheinbaum.
Además del ajuste salarial, se reportó la eliminación total de conceptos que anteriormente representaban una carga significativa al erario:
- Seguro de gastos médicos mayores: Pasó de 36,000 pesos a cero.
- Seguro de separación individualizado: De 523,000 pesos a cero.
- Estímulo por antigüedad: Se eliminó el pago de 42,681 pesos.
El Ejecutivo federal expuso una lista de más de 50 apoyos que han sido cancelados por ser considerados «no indispensables». Entre los servicios que los ministros ya no podrán cargar al presupuesto público se encuentran:
- Contratación de telefonía personal y servicios de comida a domicilio.
- Reservas en restaurantes y gestiones bancarias privadas.
- Mantenimiento de jardines particulares y apoyo hospitalario para familiares no directos.
Polémica por camionetas de lujo blindadas
Esta exposición ocurre tras la reciente controversia por la aprobación de la compra de nueve camionetas blindadas, con un costo superior a los dos millones de pesos cada una.
Ante las críticas, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, defendió la adquisición argumentando razones estrictas de seguridad para los juzgadores. Aguilar aclaró que el precio fue negociado para no contravenir los principios de austeridad y que las unidades podrían ser reubicadas según las necesidades de protección del Poder Judicial.
«Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte», concluyó la presidenta, reafirmando que la vigilancia sobre el gasto público en el Poder Judicial continuará siendo una prioridad de su administración.
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