CIUDAD DE MÉXICO – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una ofensiva legal contra las pensiones onerosas en el sector público. Este miércoles, la mandataria confirmó que presentará una iniciativa de reforma constitucional para garantizar que ningún exfuncionario reciba una jubilación superior al salario del titular del Ejecutivo Federal.
La propuesta busca modificar el artículo 127 de la Constitución, estableciendo un límite estricto a las percepciones de retiro que, en algunos casos actuales, alcanzan cifras estratosféricas.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum ejemplificó la magnitud del ajuste: exmando que actualmente perciben hasta un millón de pesos mensuales, verán su ingreso reducido a aproximadamente 70 mil pesos una vez que el Congreso apruebe la modificación.
«No hay amparo frente a la reforma», sentenció la presidenta, anticipando posibles impugnaciones por parte de los afectados, pero reiterando la solidez jurídica del movimiento.
Radiografía del exceso: Pemex y CFE en la mira
Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó un desglose de las instituciones donde se concentran las pensiones más altas del país. Los datos revelan un gasto multimillonario concentrado en pocos beneficiarios:
| Institución | Pensionados de confianza | Gasto Anual (Millones de MDP) | Casos que superan el sueldo presidencial |
| Luz y Fuerza | 14,000 | $28,000 | 70% recibe entre 100 mil y 1 mdp |
| Pemex | 22,326 | $24,844 | 544 personas |
| CFE | 54,008 | $40,950 | 2,199 personas |
Además de estas paraestatales, se identificaron excesos en la banca de desarrollo, específicamente en Nafin, Bancomext y Banobras.
Esthela Damián Peralta, consejera jurídica de la Presidencia, informó que el paquete de reformas será enviado próximamente a la Cámara de Senadores. Según la funcionaria, la medida no es solo administrativa, sino que responde a tres ejes rectores de la administración actual:
- Austeridad Republicana
- Humanismo Mexicano
- Responsabilidad Financiera
Con esta reforma, el Gobierno Federal busca liberar recursos públicos que actualmente se destinan a una élite de exburocratas, redirigiéndolos bajo una política de justicia distributiva.
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