AP.- Los soldados de Estados Unidos han comenzado a detener directamente a migrantes acusados de invadir una zona recientemente designada como militar a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, en lo que representa una escalada del papel que desempeña el ejército en la aplicación de las leyes, informaron el miércoles las autoridades.
El teniente coronel del ejército, Chad Campbell, describió a detalle las primeras detenciones por parte de los soldados la semana pasada de tres migrantes acusados de invadir una zona militarizada cerca de Santa Teresa, Nuevo México.
Esos migrantes fueron entregados rápidamente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y ahora se encuentran entre más de mil 400 migrantes que han sido acusados de ingresar ilegalmente a áreas militarizadas a lo largo de la frontera sur del país, bajo una nueva estrategia de control fronterizo del gobierno del presidente Donald Trump.
Los soldados tienen prohibido realizar tareas de aplicación de la ley civil en suelo estadounidense bajo la Ley Posse Comitatus. Pero una excepción conocida como la doctrina del propósito militar lo permite en algunos casos.
Las autoridades “notaron a tres individuos cruzando la barrera protectora hacia Estados Unidos”, dijo Campbell. “La respuesta del Departamento de Defensa fue a interceptar a esos tres individuos, y se les pidió que se sentaran. En cuestión de tres minutos, los agentes de la Patrulla Fronteriza llegaron para aprehenderlos. Así que esos tres minutos representan esa detención temporal” por parte del ejército.
Trump ha designado dos áreas de defensa militar nacional a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos para Nuevo México y un tramo de 97 kilómetros (60 millas) del oeste de Texas, desde El Paso hasta Fort Hancock, mientras transfiere gran parte de los terrenos del Departamento del Interior a la supervisión del Departamento de Defensa por tres años.
El gobierno de Trump planea eventualmente agregar más zonas militarizadas a lo largo de la frontera, de acuerdo con un portavoz militar el miércoles en una conferencia de prensa en El Paso.
“Hemos sido muy claros en que habrá áreas adicionales de defensa nacional a lo largo de la frontera sur”, dijo Geoffrey Carmichael, portavoz de un grupo de trabajo de aplicación de la ley en la frontera sur. “No voy a especular sobre dónde estarán”.
Los defensores de las zonas militarizadas, incluidos los fiscales federales, dicen que el enfoque complementa los esfuerzos tradicionales de la CBP y otras agencias de aplicación de la ley para asegurar la frontera.
“Estas asociaciones y consecuencias existen para que podamos promover el entorno fronterizo más humano que jamás hayamos tenido”, dijo Walter Slosar, jefe de la oficina de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso. “Estamos disuadiendo a las personas de entrar en el ciclo del tráfico… para asegurarnos de que los traficantes no puedan aprovecharse de las personas que intentan ingresar a Estados Unidos”.
Los abogados defensores —y los jueces en algunos casos— están rechazando la novedosa aplicación de cargos de seguridad nacional contra inmigrantes que ingresan a través de esas zonas militarizadas, y que conllevan una posible sentencia de 18 meses en prisión además de una posible sentencia de seis meses por entrada ilegal.
Un juez de Nuevo México ha desestimado más de 100 cargos de seguridad nacional contra migrantes, al encontrar poca evidencia de que estos supieran sobre las áreas militarizadas. Esos migrantes aún enfrentaron cargos de entrada ilegal a Estados Unidos.
En Texas, una peruana que cruzó ilegalmente la frontera de Estados Unidos fue absuelta de acceso no autorizado a una zona militarizada recién designada en el primer juicio bajo los esfuerzos del gobierno de Trump.
El fiscal federal Justin Simmons, quien supervisa el oeste de Texas, prometió seguir adelante con más cargos de invasión de propiedad militar.
“Vamos a seguir adelante con estos cargos de invasión de propiedad”, dijo Simmons. “Vamos a seguir presentándolos, podemos ganar con ellos, puede que no… Al final del día, no se te permitirá quedarte en este país si ingresas ilegalmente”.
Un mayor compromiso militar en la frontera se produce al mismo tiempo que decenas de alcaldes de toda la región de Los Ángeles se unieron el miércoles para exigir que el gobierno de Trump detenga las redadas de inmigración intensificadas que han sembrado miedo en sus ciudades y han provocado protestas en todo el país.
Trump ha autorizado el despliegue de 2 mil miembros adicionales de la Guardia Nacional para responder a las protestas en Los Ángeles.
Esa directiva eleva a 4 mil 100 el número total de elementos de la Guardia Nacional desplegados a causa de las protestas. El Pentágono ya había enviado a alrededor de 700 marines.