Trabajadores del Poder Judicial acudieron al Senado de la República que ayer miércoles recibió de la Cámara de Diputados la reforma que elimina 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial e hicieron un llamado a respetar sus derechos laborales.
Patricia Aguayo Bernal, secretaria de Tribunal, dijo que se trata de una acción de revanchismo político este ataque contra el poder judicial pues los fideicomisos no se impugnaron en 2018, 2019, 2020, 2021 ni 2022.
Acompañados de senadores del PAN, PRI, PRD y el Grupo Plural anunciaron que interpondrán amparos para defender sus derechos, adicional a la acción de inconstitucionalidad que alistan los legisladores de oposición.
También lamentaron no haber tenido audiencia con los legisladores de Morena y aliados a fin de poder expresar sus preocupaciones sobre la desaparición de los fideicomisos.
«Venimos hoy respaldando a trabajadores de base del poder judicial. Fíjense nada más que mientras Morena dice que es un tema de privilegios, los trabajadores del poder judicial vienen a demostrar cómo no es un tema de privilegios sino que es un tema de derechos laborales», dijo la senadora Kenia López.
Patricia Aguayo Bernal, secretaria de Tribunal, dijo que la eliminación de estos fideicomisos afectaría a todos aquellos que acudan a los tribunales a buscar justicia.
«La exigencia de que se respeten nuestros derechos laborales. Que quede muy claro: nosotros no venimos aquí por encargo de la ministra Norma Piña, ni por los consejeros del Poder Judicial, ni por los jueces, ni por los magistrados. Somos base trabajadora. Todos nosotros somos empleados del Poder Judicial de la Federación, y venimos en defensa de nuestras prestaciones laborales que se quieren afectar por la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación», dijo.
Recalcó que esos fideicomisos “no se crearon ayer sino que se crearon hace más de 25 años cuando aportaciones de todos nosotros».
Recalcó que al eliminar esos fideicomisos se afectaría la impartición de justicia en el que se aplican, por ejemplo, los recursos para la apertura de los nuevos tribunales laborales; así como hacer frente al nuevo sistema de Justicia que se implementó a través de una reforma constitucional «y que es nuestra función cumplir con ese mandato constitucional».
«La afectación no solamente va a ser para nosotros. Va a ser para la población en general, para los justiciables que nos exigen, que nos piden que los amparemos y que los protejamos contra el injusto. Esa es la afectación. Independientemente que no se van a afectar solamente nuestros derechos laborales sino también nuestras familias», abundó Aguayo Bernal.
