Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados madrugaron a la oposición y aprobaron una iniciativa alterna a la del presidente Andrés Manuel López Obrador que reforma la Ley Minera y otros ordenamientos legales, con lo cual se reduce la vigencia de las concesiones mineras y endurecer las condiciones para otorgarlas.
La propuesta – aprobada en lo general con 290 votos a favor, 186 en contra y 1 abstención y en lo particular con 251 votos a favor, 209 en contra y 1 abstención–, reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones mineras, con la posibilidad de prorrogarlas 25 años más; al término de ese plazo, en caso de participar en la nueva licitación del mismo lote, el titular tendría preferencia para otros 25 años improrrogables.
Ahora, el proyecto de reforma a la Ley Minera y otras disposiciones se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
Durante la discusión de las más de 20 reservas presentadas, la cual duró cuatro horas, el pleno cameral admitió un solo cambio para establecer que el costo de las consultas a las comunidades indígenas sobre los proyectos mineros deberán ser cubiertos por quien solicite la concesión.
En lo que la oposición calificó como un “albazo legislativo”, la mayoría parlamentaria de Morena retomó este jueves la iniciativa presidencial en la materia y la presentó como iniciativa propia para discutirla y votarla en “fast-track”. Esto, pese a que la Comisión de Energía había anunciado el aplazamiento de la reforma hasta septiembre, a fin de convocar a foros de parlamento abierto.
Entre otros aspectos, el proyecto de reforma a la Ley Minera considera la cancelación de las concesiones en caso de riesgo inminente de desequilibrio ecológico y contaminación que ponga en peligro los ecosistemas o la salud pública, obligando a informar sobre accidentes o incidentes graves en esta materia.
Además, se plantea recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos del subsuelo para combatir los abusos de algunos privados en la explotación de los bienes de la nación. Asimismo, condiciona la concesión minera a la disponibilidad hídrica. También se establece la obligación de las personas concesionarias para llevar a cabo el uso eficiente y reúso del agua.
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