La tarde de este viernes despegó el Avión Presidencial por última vez desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
De acuerdo con reportes, la aeronave realizará una escala en Tucson, Arizona (EE.UU.), donde se le realizarán algunas adecuaciones. Una vez que sea revisado, el avión partió a Tayikistán.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador vendió la aeronave por mil 658 millones de pesos (cerca de 92 millones de dólares).
Cada vez, cada día se depreciaba, y tuvo también una falla de origen en la fabricación que salió desde el primer avalúo, y eso le bajó el precio, y fue creciendo también ese desperfecto. Pero bueno, el último avalúo que se realizó fue de mil 658 millones de pesos”, comentó en días recientes en una conferencia matutina.
Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2018, López Obrador había intentando vender el Boeing 787 adquirido por el presidente Felipe Calderón (2006-2012) por un controvertido precio de 218,7 millones de dólares, pero que llegó en 2016 durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En enero de 2020, antes de anunciar una rifa simbólica de la aeronave, López Obrador había dicho que no lo vendería por menos de 130 millones de dólares, según un avalúo de la ONU, por lo que, incluso, no se concretó la operación con un comprador anónimo de Estados Unidos que ofrecía 125 millones.
Después, en junio pasado, López Obrador afirmó que el Gobierno de Argentina estaba interesado en el avión, pero indicó que no llegaban al precio de 110 millones de dólares, según otro avalúo.
El mandatario evadió responder si “remató” la aeronave, al insistir en que la venta fue con el precio de la última valoración.
“Se hicieron los avalúos y aceptaron comprar el avión. Se hizo un avalúo en Gobierno, en Hacienda, y pagaron 1.658 millones (de pesos) al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y ya entregaron todo el dinero”, sostuvo.
El presidente, quien promueve una imagen de austeridad en el Gobierno, había optado por no usar el avión y viajar en vuelos comerciales, además de prohibir a funcionarios públicos que lo utilicen.
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