El portal de noticias estadounidense, The New York Times, reveló este jueves 9 de noviembre, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ordenó a Telcel que le entregara los registros telefónicos y de texto, así como datos de ubicación, de más de una docena de destacados funcionarios y políticos mexicanos, entre los que se destacan, la exaspirante presidencial Lily Téllez, el alcalde de Benito Juárez en la CDMX, Santiago Taboada, y Horacio Duarte, un aliado de Morena que dirigió la agencia aduanera de México en 2022.
De acuerdo a lo compartido por el medio estadounidense, se tiene un registro de espionaje de los políticos opositores, el cual abarca desde el 2021 hasta principios de este año. Esta vigilancia al parecer incluyó tanto a opositores del partido gobernante Morena como a sus aliados.
Por lo anterior, la órden por parte de la Fiscalía se debía a que se buscaba información en relación con investigaciones sobre secuestros y desapariciones. No obstante, la oficina de la fiscal general dice que no tiene tales investigaciones criminales en sus archivos y “niega categóricamente” exigir los registros telefónicos de los funcionarios y políticos nombrados en las órdenes.
“Esta institución no espía a figuras políticas ni a ninguna persona”, dijo la fiscalía general. “Por el contrario, investiga exclusivamente con fines legales”.
The New York Times además compartió que a pesar de las negativas por parte de la Fiscalía, un juez federal dijo este año que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México efectivamente había solicitado a Telcel la entrega de los registros.
La evaluación del juez se produjo en una demanda contra el fiscal general presentada por un alcalde de Ciudad de México que había sido nombrado en las 14 órdenes escritas.
Asimismo destaca que México se ha visto sacudido repetidamente por escándalos de vigilancia, por lo que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en 2018, prometió poner fin a cualquier vigilancia ilegal de los mexicanos, después de haber criticado a sus predecesores por tales acciones.
“Se está utilizando el sistema de justicia para atacar a los políticos”, dijo Santiago Taboada Cortina, alcalde de Benito Juárez. “no es normal es que pasen estas cosas, que a raíz de tus aspiraciones tengas al gobierno pisándote la nuca”, afirmó.
Cabe mencionar que en casos de emergencia en los que una vida está en peligro, la ley mexicana permite a los investigadores obtener inmediatamente registros telefónicos sin orden judicial, sin embargo, los fiscales aún deben obtener una orden de un juez federal dentro de las 48 horas posteriores a la comunicación con las empresas de telecomunicaciones, lo que la oficina del fiscal general no hizo.
En los documentos judiciales, los abogados de Telcel dijeron que nunca recibieron una orden de un juez federal para ninguno de los registros telefónicos solicitados.
Por su parte, Higinio Martínez Miranda, senador del partido gobernante de Morena que representa al Estado de México dijo que “el presidente prometió que nadie sería espiado en este gobierno”. Los datos de su teléfono celular de octubre de 2021 a enero de 2022 fueron obtenidos por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, según documentos judiciales de Telcel, reveló The New York Times. “Es lamentable, condenable”, afirmó.
En tanto, Taboada fue monitoreado en 2021, pero fue más de un año después cuando se le informó por primera vez sobre la vigilancia, por lo que presentó una demanda para obligar al fiscal general de la Ciudad de México y a Telcel a responder a la acusación.
Hasta el momento, Telcel no ha dicho nada al respecto.
En documentos judiciales relacionados con la demanda, Telcel reconoció que había proporcionado los registros telefónicos de Santiago Taboada a la fiscal general de la CDMX en respuesta a 14 órdenes vinculadas a secuestros, y al fiscal general del estado de Colima por lo mismo.
Telcel también entregó los datos telefónicos de Horacio Duarte, un aliado de Morena que en ese momento dirigía la agencia de aduanas de México en 2022.
Por otra parte, la senadora Lilly Téllez y Alessandra Rojo de la Vega, excongresista y firme opositora de Sheimbaun, también fueron monitoreadas, según las órdenes escritas y los expedientes judiciales revisados por The New York Times.
La procuraduría general de la Ciudad de México acusó a Rojo de la Vega de delitos electorales el año pasado, lo que según Rojo de la Vega era una represalia política por oponerse a las políticas de Sheinbaum. Posteriormente, un juez desestimó el caso.
Rojo de la Vega, enojada por el monitoreo, dijo que dicha vigilancia debería usarse para investigar a verdaderos criminales. “Ese debería ser trabajo de la fiscalía, pero están ocupados persiguiendo a personas que les incomodan”, afirmó.
Téllez y Rojo de la Vega, cuyos datos de teléfonos celulares fueron solicitados siete veces cada una en 2021 y 2022, negaron cualquier participación en algún caso de secuestro, así como Santiago Taboada dio una negativa de estar involucrado.
Los fiscales también ordenaron los datos telefónicos de Dolores Igareda, una alta funcionaria de la Corte Suprema, y Ricardo Amezcua, miembro del consejo judicial de la Ciudad de México, según muestran los documentos y órdenes judiciales. No respondieron a las solicitudes de comentarios.
Con información de The New York Times
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