CDMX.-El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó una serie de reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México que reconfiguran significativamente el concepto de propiedad en la capital.
Las modificaciones restauran los principios del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen la propiedad originaria de la Nación y su facultad para transferir el dominio de la propiedad a particulares.
Con estas reformas, se establecen nuevas modalidades para la propiedad privada, ajustadas en función del interés público. Según la nueva normativa, las formas de propiedad, ya sean privada, pública o social, quedan subordinadas al interés superior de la Nación y de la Ciudad de México. Este cambio legal permite que el gobierno disponga de propiedades, redistribuyendo bienes a aquellos que, a su juicio, más los necesiten.
Durante el evento, Martí Batres subrayó que esta reforma busca revertir parte del “andamiaje jurídico e ideológico impuesto por el neoliberalismo”. Según Batres, la nueva legislación dificultará que el Poder Judicial interprete las normas locales en favor de los grupos económicos más poderosos, promoviendo un equilibrio que favorezca los intereses colectivos.
La reforma ha despertado preocupación entre algunos sectores, quienes ven en este cambio un riesgo para la propiedad privada. Críticos de la medida han comparado la situación con las políticas de países como Venezuela, donde el Estado ha ejercido un control extensivo sobre la propiedad privada. Sin embargo, los defensores de la reforma argumentan que se trata de un paso necesario para garantizar que la propiedad en la ciudad se gestione de manera más equitativa.
El anuncio contó con la presencia de figuras destacadas como Pablo Gómez, la Presidenta del Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila, así como alcaldes, legisladores y miembros del gabinete capitalino. La reforma representa un cambio profundo en el marco normativo local, con implicaciones significativas para la administración de la propiedad privada en la Ciudad de México.
A medida que la ciudad asimila estas nuevas disposiciones, se espera que el debate continúe intensificándose en los próximos días, con posturas a favor y en contra que reflejan las profundas divisiones sobre el papel del Estado en la gestión de la propiedad.
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