Tijuana, Baja California, jueves 10 de octubre de 2024.- Durante la discusión del Dictamen número 21 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, el Congreso del Estado de Baja California no aprobó esta tarde la cuenta pública del Ayuntamiento de Tijuana correspondiente al año 2022.
Al respecto, el Diputado Jorge Ramos reconoció el trabajo realizado por los técnicos del Organo Superior de Fiscalización del Congreso y solicitó que en su caso, se dé aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado ante la posible comisión de no sólo faltas administrativas sino también de delitos que perjudiquen el patrimonio del ayuntamiento de Tijuana.
“Estamos hablando en suma de alrededor de 400 millones de pesos en contratos adjudicados que tienen que ver con prestación de servicios de los que ya hay servidores públicos que cobran por desarrollar esa función y nos estamos acostumbrando a escuchar cantidades como si fueran normales pero son 400 millones de pesos que representa el 70% de la recaudación total del impuesto predial de la ciudad de Tijuana”, señaló.
Tan sólo para el cobro de cartera vencida del impuesto predial de la ciudad se adjudicó un contrato por 47 millones de pesos y el saldo al final de ese servicio es que no sólo no disminuyó sino que aumentó la cartera vencida a más de 600 millones de pesos.
En “Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar” se establece un importe por 55 millones 630 mil 706 pesos correspondientes a la contratación de seis proveedores para realizar el cobro del impuesto predial, de los cuales se observa el incumplimiento de tres contratos que integran erogaciones por más de 27 millones de pesos.
De lo anterior sobresale un contrato de prestación de servicios por más de 13 millones de pesos en los que no se ha encontrado registro ni del servicio prestado ni de las evaluaciones y menos del resultado; actividades no acreditadas por más de 8 millones 487 mil 486 pesos por cobranza prejudicial, extrajudicial y judicial de la cartera y otro más por 5 millones 876 mil 363 pesos por ejecución de embargos, remates y adjudicaciones.
Con respecto al pase médico y turístico que recaudó más de 100 millones de pesos, y del cual la Fiscalía Anticorrupción ya tiene una carpeta de investigación, tampoco se encuentra información del destino de los recursos entregados a asociaciones civiles y fundaciones, mucho menos conocimiento de los beneficios para la población.
Los datos anteriores surgen de una auditoría practicada por el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso de Baja California compuesto por técnicos profesionales que son expertos en ese servicio por lo que no proviene de una expresión personal sino de un dictamen que hoy fue entregado a los diputados y aprobado por unanimidad por los legisladores que conforman todas las fuerzas políticas en la entidad.
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