La determinación no sólo afectará a la ministra Lenia Batres, quien estaría impedida de ser identificada como “ministra del pueblo”, sino otras personas que han pedido tener un apodo en el documento.
El INE recibió 24 solicitudes de candidaturas que pedían la inclusión de un sobrenombre, entre los que destaca Ángel Mario García Guerra, quien pedía ser “El ángel de la justicia”; Emanuel Montiel Flores, “El defensor popular”; Joel Blanno Castro, “magistrado del cambio”, además de Marco Antonio Rojo, que quería ser “El juez de AMLO”, “El juez de la 4T” o “El juez del pueblo”.
El proyecto considera que estos sobrenombres podrían constituir propaganda electoral y “son frases con las que pretender ser reconocidos y posicionarse indebidamente frente al resto de las candidaturas, rompiendo con los principios de equidad e imparcialidad, que rigen la función electoral”.
Se argumenta que este tipo de nombres podrían crear una confusión entre el electorado, ya que el sobrenombre debería de ser la manera más fácil de llamar a una persona más que aludir a corrientes políticas.
Sobre los que son similares a los nombres de pila se considera un «despropósito incluir un sobrenombre que duplica el nombre«.
También señala que como el espacio en la boleta para todas las candidaturas es el mismo, obligaría a ajustar el tamaño de la fuente utilizada y podría dificultar la lectura de la ciudadanía, así como el voto.
Entre los solicitantes a ser identificados con un sobrenombre en particular están los magistrados de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), de la Sala Regional de Monterrey y de Toluca, además de magistrados de circuito y jueces de distrito.
Con información de LATINUS
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