CDMX.-El gabinete de Seguridad del Gobierno federal explicó que la entrega de 29 líderes de cárteles del narcotráfico a autoridades estadounidenses se decidió a causa de que algunos jueces estaban en proceso de liberarlos.
“Existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones”, dijo el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.
Este viernes, autoridades del Gobierno federal, entre ellas los titulares de la SSPC y FGR, dieron una conferencia de prensa para abordar la entrega de 29 narcos a EU.
Omar García Harfuch dijo que las personas que se encontraban recluidas en nueve centros penitenciarios federales fueron trasladadas a EU porque contaban con diversas investigaciones por delitos de alto impacto en suelo estadounidense, como delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, de otras drogas, lavado de dinero, homicidio, tráfico de armas a nuestro país, secuestro, entre otros delitos.
“Estas personas cometieron delitos atroces en nuestro país como extorsión, secuestro, homicidio, ataque a autoridades generando actos de suma violencia a través de las organizaciones criminales a las que pertenecen”.
“En estas acciones el custodio y traslado de estas personas se realizaron en apego a los protocolos institucionales y se contó con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos”.
En tanto, Alejandro Gertz Manero, fiscal de la República, remarcó que la entrega de los 29 narcotraficantes mexicanos está justificada en el Artículo Quinto de Ley de Seguridad Nacional y el 89 de la Constitución.
El funcionario dijo que de acuerdo con la ley, los 29 generadores de violencia fueron enviados, no extraditados, a Estados Unidos.
De acuerdo con Gertz Manero, el traslado de las 29 personas se hizo a partir de una solicitud del gobierno estadounidense avalada por la Convención de Palermo, un tratado multilateral contra la delincuencia organizada transnacional, y que en la petición se especificó el nombre y apellido de los requeridos.
“Hubo una solicitud fundada del gobierno de los Estados Unidos. Ese fue el motivo por el cual se detonó todo ese procedimiento”, afirmó Gertz Manero.
El gobierno mexicano, precisó, actúo de acuerdo al Artículo Quinto de la Ley de Seguridad Nacional, en el que se define lo que es una amenaza a la seguridad nacional, y al artículo 89 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Al preguntarle si habría más traslados de personas vinculadas al crimen organizado a Estados Unidos, el fiscal respondió que por el momento no había más solicitudes para llevarlas a cabo.
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