CIUDAD DE MÉXICO.– La indignación y el rechazo marcaron la reacción de las familias de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa tras la publicación de la nueva y extensa recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En entrevista con Sheila Amador para MVS Noticias, Isidoro Vicario, abogado de los padres de las víctimas, lamentó profundamente el contenido del documento de 876 páginas que, en un giro radical sobre los hechos de 2014, exime al Ejército de responsabilidades directas en la tragedia.
Una ‘falta de respeto’ consumada en la opacidad
El litigante reveló que la CNDH actuó de manera unilateral para emitir esta actualización del caso, marginando por completo del proceso a los representantes legales y a los propios familiares de los jóvenes.
«No hubo ningún acercamiento y eso es un poco también lo que lamentamos… Hasta en cierto modo es una falta de respeto sobre el dolor de los padres y madres de los 43, y más en ese sentido como está la recomendación… Donde casi prácticamente ahora la CNDH le quita la responsabilidad al Ejército mexicano en el caso de Ayotzinapa», condenó Isidoro Vicario en MVS Noticias.
Para la defensa, resulta insostenible el argumento del órgano autónomo, el cual señala que la presencia militar de esa noche se limitó únicamente a labores de patrullaje e información sin vinculación con los actos de violencia o la posterior desaparición forzada.
Descalificación a expertos y ocultamiento de archivos
El abogado criticó que la recomendación no solo ignore las cadenas de mando de las fuerzas armadas desde el inicio de su desglose de autoridades responsables, sino que busque desacreditar el trabajo internacional que permitió los mayores avances en la investigación.
«No puede la CNDH venir a pretender descalificar el trabajo arduo y profesional del grupo de expertos (GIEI), del equipo argentino, incluso también calificar y denigrar a las organizaciones que acompañan el caso… Hoy lamentamos que a escasos dos meses vamos a cumplir 12 años de la desaparición y ahora con esta recomendación están excusando literalmente al Ejército», sentenció.
Vicario enfatizó que existen pruebas contundentes de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) monitoreó en tiempo real los movimientos de los estudiantes mediante el sistema C4 e incluso mantenía infiltrados en la Normal Rural «Isidro Burgos» desde el año 2010. Recordó que, a mediados de febrero de este 2026, un juzgado federal ordenó a la Sedena entregar 853 folios clave que han mantenido ocultos, una orden judicial que sigue sin cumplirse y que la CNDH optó por ignorar.
Investigaciones estancadas a 12 años de la tragedia
Respecto al incremento de víctimas directas reconocidas en el documento (que pasó de 83 en el reporte de 2018 a 92 en el actual), el abogado señaló que el ajuste no aporta datos sustanciales sobre lo verdaderamente importante: el paradero de los jóvenes.
Con el aniversario número 12 a la vuelta de la esquina en septiembre, las familias adelantaron que fijarán una postura formal ante el Estado mexicano por lo que consideran un freno deliberado a la justicia una vez que las indagatorias tocaron la puerta de los cuarteles.
«Precisamente desde que avanzaron las investigaciones al Ejército quedaron estancadas. Esas investigaciones no han podido avanzar… Se libraron las órdenes en contra de elementos del Ejército, pero de ahí ya no hemos podido dar un paso más hacia adelante», concluyó Isidoro Vicario, abogado de los padres de los normalistas.