Por: Juan Domingo
La propuesta del Gobierno Federal para regular los contenidos de radio y televisión mediante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones encendió las alarmas de Artículo 19, la JUFED y la CIRT, quienes advierten un atentado contra la libertad de expresión, la línea editorial de los medios y la democracia.
CIUDAD DE MÉXICO.— Una profunda controversia en materia de libertad de prensa y control gubernamental se desató tras el anuncio del Gobierno Federal sobre una adición a la Ley de Telecomunicaciones. La propuesta busca implementar nuevos «Lineamientos generales para la protección de derechos de las audiencias», iniciativa que diversos sectores civiles, judiciales y empresariales han calificado de inmediato como un mecanismo de censura estatal e injerencia editorial.
Los lineamientos, compartidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) —organismo adscrito a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) que sustituyó al IFT—, pretenden regular de forma exclusiva a la radio y la televisión. De acuerdo con la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, la medida busca eliminar la ambigüedad en la ley y hacer efectivos cinco derechos fundamentales: recibir información veraz, distinguir entre información y opinión, diferenciar la publicidad del contenido, ejercer el derecho de réplica y garantizar el acceso a audiencias con discapacidad.
Para ello, se exige a las concesionarias contar con un código de ética y una defensoría de audiencias. No obstante, el punto crítico radica en que, de no atenderse las recomendaciones internas, la CRT intervendrá imponiendo sanciones administrativas y económicas.
‘Un instrumento de fiscalización y control político’
Las reacciones no se hicieron esperar. Leopoldo Maldonado, director regional de la organización defensor de derechos humanos Artículo 19, advirtió que la medida abre la puerta para controlar el flujo informativo desde el poder Ejecutivo.
Maldonado destacó que, tras las reformas legales aprobadas el año pasado, el Ejecutivo es quien propone las ternas para integrar la CRT, lo que elimina cualquier imparcialidad. “Los derechos de las audiencias no son para castigar ni perseguir, pero además de todo, ¿quién va a determinar qué es sancionable? Todo parece indicar que son ellos. No hay las condiciones institucionales de independencia para hacer este tipo de supervisión; va en la ruta de restringir la libertad de expresión”, aseveró.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) emitió un duro enérgico posicionamiento en el marco de la apertura de la consulta pública del proyecto. La JUFED sostuvo que intervenir en las pautas operativas y editoriales vulnera de forma directa el artículo 6 de la Constitución.
«Las pretensiones de regular e intervenir en las pautas editoriales bajo el argumento de normar a las audiencias incurren en una delicada extralimitación. Someter la labor informativa a criterios burocráticos del gobierno podría desalentar el periodismo de investigación, fomentar la autocensura y convertir la regulación en un instrumento de fiscalización y control político», enfatizó el órgano judicial, concluyendo que «sin prensa libre no hay democracia».
La industria alerta por multas millonarias y discrecionalidad
Desde el sector empresarial, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que representa a más de 1,200 estaciones afiliadas, manifestó su inquietud ante los conceptos ambiguos que contiene el proyecto, particularmente sobre qué se considerará «información falsa o descontextualizada».
La CIRT argumentó que otorgar al gobierno la facultad de definir la veracidad de una noticia desvirtúa la autorregulación, anula la función del defensor de la audiencia y crea un «recurso de inconformidad» que permite a la autoridad revisar y revertir decisiones editoriales.
Aunado a ello, la industria rechazó el régimen sancionador propuesto, el cual contempla multas de hasta el 1% de los ingresos anuales acumulados de los concesionarios o programadores, un contraste drástico con la legislación actual que solo contempla amonestaciones por no designar defensor o no publicar el código de ética.
Aunque la CIRT aclaró que confía en que la posición inicial de la CRT no sea censurar, confirmó que presentará una postura unificada en la consulta pública para exigir que se corrijan las ambigüedades, salvaguardando la libertad periodística y el derecho de los ciudadanos a consumir contenidos sin la tutela del Estado.
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