Por: Juan Domingo
CIUDAD DE MÉXICO.– Tras el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre una nueva lista de sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, rechazó categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado. Por su parte, la mandataria estatal afirmó tener “las manos limpias” y descartó dejar su cargo.
La medida de Washington, dirigida contra la facción del Cártel de Sinaloa que encabeza Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, alcanza a 21 personas y 25 entidades. Según el informe oficial, Torres Torres es acusado de actuar como facilitador político de la célula «Los Rusos» en Mexicali, presuntamente utilizando su influencia para brindar apoyo logístico al grupo criminal y frenar acciones de las fuerzas de seguridad.
En el mismo expediente destacan su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, señalado como operador financiero en esquemas de lavado de dinero y cobro de sobornos, así como el exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil.
La respuesta de Carlos Torres
Mediante un comunicado de cinco puntos, Carlos Alberto Torres Torres rechazó los seńalamientos de la autoridad estadounidense:
- Negativa absoluta: Desmintió cualquier relación con grupos o actividades criminales dentro o fuera del país.
- Aclaración sobre ‘Vida Orgánica’: Admitió poseer el 30% de las acciones del mercado «Vive Orgánico» en Tijuana —una de las entidades señaladas por la OFAC—, reportando ventas promedio mensuales de 570 mil pesos.
- Acciones legales: Anunció que iniciará gestiones formales ante la OFAC y dependencias pertinentes para aclarar el caso.
- Denuncias previas: Reveló que estos señalamientos derivan de denuncias anónimas presentadas ante la FGR desde 2025, de las cuales no ha recibido citación alguna para comparecer.
Marina del Pilar descarta pedir licencia se deslinda de su esesposo
En conferencia de prensa, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda enfatizó que su administración no actuará como vocera del caso y dejó en claro que la responsabilidad legal recae en los involucrados.
- Deslinde personal: Subrayó que se encuentra legalmente divorciada de Torres, no mantiene comunicación con él y no está vinculada a las investigaciones de autoridades locales o internacionales.
- Estatus de la empresa: Explicó que desde 2023 cedió sus derechos en la empresa Vida Orgánica a su exmarido. No obstante, ordenó a la Oficialía Mayor y a la Secretaría Anticorrupción auditar si dicha firma u otras entidades sancionadas tienen contratos vigentes con el Gobierno del Estado.
- Permanencia en el cargo: Rechazó la solicitud del PAN estatal para solicitar licencia: «He resistido cinco años infamias, calumnias y mentiras. Voy a resistir los próximos 11 meses para cerrar la administración con resultados», aseveró.
- Sospecha de trasfondo político: Lamentó que las instituciones de justicia puedan ser utilizadas con fines políticos, aunque ratificó que su gobierno mantendrá la coordinación operativa en materia de seguridad con agencias estadounidenses.