Por: Juan Domingo
Ciudad de México.— En una sesión que marca un precedente en el blindaje democrático y la reestructuración institucional del país, la XXV Legislatura del Congreso de Baja California aprobó por mayoría dos minutas de reforma constitucional enviadas por el Congreso de la Unión. Los cambios modifican el calendario de la elección del Poder Judicial y endurecen las reglas electorales para proteger la soberanía nacional.
Con este voto, Baja California se posiciona como una de las primeras entidades federativas en ratificar estas modificaciones a la Carta Magna.
Ajuste al calendario judicial y paridad de género
La primera reforma aprobada modifica la fecha de los comicios para renovar al Poder Judicial de la Federación. Originalmente programada para 2027, la jornada electoral se trasladará al primer domingo de junio de 2028.
De acuerdo con el dictamen, esta prórroga busca:
- Evitar la concurrencia con otros procesos electorales federales.
- Reducir costos operativos significativamente.
- Mitigar riesgos de politización, garantizando un proceso homogéneo y confiable.
Asimismo, la reforma contempla la creación de una nueva Comisión Coordinadora de Evaluación. Este órgano técnico se encargará de filtrar los perfiles de los aspirantes bajo estrictos criterios de formación jurídica, honestidad y trayectoria profesional. Además, aplicará reglas de paridad de género para asegurar que las listas finales de candidaturas judiciales sean equitativas.
Cambio en Revocación de Mandato: La minuta también estipula que las consultas de revocación de mandato se llevarán a cabo el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional, haciéndolas coincidir con las elecciones federales o locales.
Injerencia extranjera será causal de nulidad electoral
En materia electoral, el Pleno del Congreso local respaldó la modificación al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual incorpora una nueva causal para anular elecciones cuando se acredite de manera objetiva la intervención de agentes o Gobiernos extranjeros.
Esta medida busca dotar al Tribunal Electoral y a las autoridades jurisdiccionales de herramientas legales contundentes para frenar la injerencia externa y eliminar lagunas técnicas que ponían en riesgo la estabilidad democrática.
Los legisladores subrayaron que el objetivo primordial es defender la soberanía nacional y garantizar los principios históricos de la política exterior mexicana, tales como la libre autodeterminación de los pueblos y la no intervención.