La coordinadora de Morena en Nuevo León acudió a la sede central de la Fiscalía en la Ciudad de México para interponer dos querellas penales que involucran presuntos quebrantos millonarios al erario estatal y municipal
CIUDAD DE MÉXICO.– Clara Luz Flores Carrales, coordinadora en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Morena en Nuevo León, acudió a las instalaciones centrales de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en la colonia Doctores de la Ciudad de México, para formalizar dos denuncias penales en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda (MC), y del presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza Santos (PRI).
Acompañada por una comitiva partidista integrada por el senador y delegado de Morena en la entidad, Alejandro Murat Hinojosa, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar y legisladores locales, Flores Carrales presentó una ampliación a las denuncias previas promovidas por su partido.
«Ambos gobernantes representan exactamente lo mismo: delincuencia organizada desde el poder público, utilizando sus cargos para intereses particulares», aseveró la dirigente morenista durante una rueda de prensa a las afueras de la dependencia federal.
1. Red de triangulación y contratos con firmas investigadas por EE. UU.
La primera acción penal apunta directamente contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, su esposa Mariana Rodríguez Cantú, su padre Samuel Orlando García Mascorro, así como a quienes resulten responsables.
Los delitos imputados en el expediente incluyen:
- Delincuencia organizada
- Peculado
- Enriquecimiento ilícito
- Ejercicio abusivo de funciones
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita
De acuerdo con el documento presentado, investigaciones señalan la existencia de una red de empresas proveedoras del gobierno estatal mediante la cual se habrían triangulado fondos públicos hacia un despacho jurídico vinculado al mandatario y a su entorno familiar.
Los montos bajo la lupa
- +1,000 millones de pesos en operaciones financieras irregulares por uso de recursos de procedencia ilícita.
- 7,200 millones de pesos en esquemas globales de triangulación.
- 928.1 millones de pesos en transferencias dirigidas a despachos vinculados, según observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La querella integra además hallazgos sobre la celebración de contratos gubernamentales por 110 millones de pesos con empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.
Flores Carrales cuestionó la postura del gobernador ante el procedimiento de juicio político en su contra en el Congreso local, donde alegó que los fondos pierden su naturaleza pública al ser pagados a un proveedor privado:
«No, señor gobernador, los recursos públicos no dejan de ser sujetos de escrutinio por el simple hecho de pasar por una cuenta privada. Nadie puede ocultar una transferencia para ocultar el origen, destino o beneficiarios del dinero del pueblo», sostuvo.
2. Contrato de Next Energy y quebranto en Monterrey
La segunda denuncia penal fue radicada contra el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, y Jovita Morín Flores, excontralora municipal y militante del PAN.
La acusación abarca los delitos de delincuencia organizada, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias, derivada de las irregularidades detectadas en la asignación del contrato a la empresa Next Energy para la construcción de un parque solar.
Según lo asentado ante la FGR, dicho convenio provocó un daño y afectación económica directa al erario del ayuntamiento regiomontano estimado en 7 mil 370 millones de pesos.
Piden intervención del SAT, la UIF y la CNBV
Dada la complejidad de los movimientos patrimoniales denunciados, la representación de Morena solicitó formalmente la intervención de diversos organismos técnicos para rastrear las rutas del dinero e identificar a los beneficiarios finales:
- Servicio de Administración Tributaria (SAT)
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera de Nuevo León
- Auditoría Superior de la Federación (ASF)
La morenista rechazó que la movilización responda a una persecución política y exigió que las autoridades actúen con rigor.
«El servicio público no es un negocio personal. Los recursos públicos no son patrimonio de una familia. Ni lo ‘nuevo nuevo’ ni lo ‘viejo viejo’ ha funcionado en Nuevo León; ambas fuerzas parecen competir para ver quién es más innovador en cómo robar o justificarse», concluyó Flores Carrales.