AGENCIAS.- El Congreso del Estado de Veracruz aprobó retirar el fuero constitucional a los alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC) en Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero. La medida, avalada este miércoles 5 de agosto con 40 votos a favor y 8 en contra durante dos sesiones extraordinarias a puerta cerrada, abre la puerta para que la Fiscalía General del Estado (FGE) proceda penalmente en su contra por presuntos delitos de alto impacto.

La determinación de la Legislatura local atiende a los argumentos presentados por la Fiscalía para dar continuidad a las investigaciones y procedimientos judiciales contra ambos ediles, aclarando que el retiro de la protección constitucional no determina su culpabilidad, sino que únicamente habilita el avance del proceso legal.

Los señalamientos contra los ediles

• Bertín Bravo Montero (Úrsulo Galván): Enfrenta acusaciones por su presunta vinculación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López, registrada el pasado 14 de mayo. El edil abandonó la sede del Congreso antes de la votación, evitando a las unidades de la FGE desplegadas al exterior. Se prevé que Pedro de Jesús Rosado Guzmán asuma la alcaldía en su lugar.
• Raúl González Martínez (Ixhuatlán del Sureste): Es investigado por su probable participación en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, caso en el que ya existen ocho personas detenidas. Tras la resolución, Juliana Ruiz Martínez asumiría la titularidad del ayuntamiento.

Defensa legal y postura de Movimiento Ciudadano

Ante el fallo del Poder Legislativo, los equipos legales de los mandatarios municipales anunciaron que recurrirán a la justicia federal en búsqueda de amparos para frenar posibles órdenes de aprehensión. Izaskún Moreno, representante legal de González Martínez, sostuvo que el expediente responde a un trasfondo político.

En sintonía, la dirigencia nacional y estatal de Movimiento Ciudadano denunció que estos juicios de procedencia constituyen un acto de persecución política coordinado por el Gobierno del Estado y la mayoría de Morena. Ante esto, el partido solicitó formalmente la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para supervisar los procedimientos y velar por los derechos de sus militantes.