CIUDAD DE MÉXICO.– Un informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley (HRC, por sus siglas en inglés) reveló que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados 337 periodistas y defensores de los derechos humanos en México.
El estudio, realizado por su equipo internacional de rendición de cuentas, analizó las agresiones registradas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024. A lo largo de este periodo, la institución documentó 75 incidentes graves que abarcan homicidios, desapariciones forzadas y agresiones físicas de severidad extrema.
Para transparentar los hallazgos, el HRC habilitó una base de datos pública en la que se desglosa el saldo de víctimas:
- 78 periodistas
- 259 defensores de derechos humanos
Perfil de las víctimas e inoperancia de esquemas de protección
De acuerdo con la investigación, el perfil recurrente de las víctimas corresponde a comunicadores que daban cobertura al crimen organizado, casos de corrupción y abusos de poder estatal. En el caso de los activistas, los perfiles estaban vinculados a la defensa de la tierra, el medio ambiente, los derechos de las mujeres y la búsqueda de personas desaparecidas.
El informe enfatiza que una proporción significativa de los agredidos había denunciado previamente amenazas en su contra e incluso se encontraba bajo el resguardo del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Cibervigilancia y hostigamiento desde el poder
Entre los hallazgos más relevantes, investigaciones forenses citadas por el HRC confirmaron el uso del software espía Pegasus y otras herramientas de cibervigilancia adquiridas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para intervenir las comunicaciones de periodistas. Esto contrasta con las reiteradas negativas públicas del expresidente sobre el uso de dicho aparataje en su administración.
Adicionalmente, el documento señala que diversos comunicadores fueron expuestos de manera directa durante las conferencias de prensa matutinas del Ejecutivo. Esta estigmatización derivó en campañas de acoso coordinado en redes sociales —respaldadas por granjas de cuentas falsas ligadas a medios estatales—, así como en el uso de demandas por difamación, reclamos por daño moral y la fabricación de cargos penales en su contra.